Cecale, UGT y CC han pedido una reunión "urgente" al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ante el incumplimiento de su palabra y los acuerdos alcanzados en el Diálogo Social en torno a la COVID-19, lo que consideran "a todas luces una agresión".
Los agentes sociales recuerdan que el pasado 25 de marzo, Castilla y León fue la primera Comunidad Autónoma en firmar un Plande choque, dentro del marco del Diálogo Social, que recogía una serie de medidas destinadas a la protección, ante la crisis originada por la Covid-19, de trabajadores, autónomos, empresas,familias y personas vulnerables en Castilla y León, todo ello con el objetivo de garantizar la cohesión económica y social de la Comunidad.
Sin embargo, tres meses y 7 días después "nos encontramos con la publicación en el Bocyl de las bases que regulan los ayudas. Sindicatos y patronal critican que, pese a que mantuvieron ayer una reunión con la consejera de Empleo e Industria no se les informó de la publicación de dichas bases ni se llegó a ningún acuerdo.
Las tres organizaciones se preguntan si "estas son las nuevas formas del nuevo equipo en la Consejería, desde la Junta de Castilla y León se tiene constancia de estos hechos y si este es el respeto que se tiene hacia el Diálogo Social tripartito, que tanto nos representa como Comunidad Autónoma".
Mientras, la consejera de Empleo, Carlota Amigo, anunció que convocará "cuanto antes" las líneas de ayudas pendientes de convocar.
"Queremos más personal y un programa informático para que no ocurra como a nivel nacional", ha aseverado Amigo para insistir en que la convocatoria se materializará "en unos días" y cuando esté "todo cerrado" para añadir que la tramitación de estas ayudas va a suponer un "trabajo enorme" para lo que el equipo de la Consejería tendrá que dar "el cien por cien".
Amigo ha asegurado que estas líneas, "acordadas en el seno del Diálogo Social", cumplen los compromisos asumidos con los agentes económicos y sociales con los que la Junta ha mantenido cinco reuniones en los pasados días, la última protagonizada por ella misma en la jornada de ayer.
"Han salido las bases con parte de lo que han pedido ellos (...) parte sí está negociado", ha aseverado la consejera a preguntas de los periodistas respecto a las críticas de los sindicatos al contenido de las bases reguladoras de estas dos ayudas. "Se puede negociar y no llegar a acuerdos", ha puntualizado por su parte el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea.
Amigo ha explicado que la línea de ayuda destinada a personas trabajadoras afectadas por expediente de suspensión de contratos de trabajo o de reducción de la jornada por causa de fuerza mayor por la COVID-19 cuenta con un presupuesto de seis millones de euros, como se acordó en el Diálogo Social, "la partida más importante" de las medidas extraordinarias.
Una crisis más larga
Entre las modificaciones a la regulación del 29 de abril, cuando no se conocían los efectos de una crisis "más larga de lo pensado y deseado", ha destacado que se incluye a trabajadores de empresas de hasta 250 empleados para primar a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, "que suelen tener peores condiciones", o que la base de cotización de contingencias comunes, incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias, no supere los 1.600 euros.
También ha mencionado un cambio para que la persona trabajadora haya tenido suspendido o reducido su contrato al menos 45 días dentro del periodo subvencionable que establezca la convocatoria y ha precisado que la ayuda tendrá una duración máxima por trabajador de 90 jornadas completas de suspensión dentro del período subvencionable.
Finalmente, ha informado de que la ayuda podrá ser pedida por el trabajador y no por la empresa.
En cuanto a las subvenciones para la reincorporación de los autónomos que hayan cesado su actividad por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Programa Reincorpórate), ha confirmado un crédito de cinco millones de euros.
Amigo ha destacado que será subvencionable el 40 por ciento de la cuota por contingencias comunes y profesionales abonadas por los trabajadores beneficiarios de esta orden durante los tres meses subvencionables, tras finalizar la prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID.
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