El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros del 22 o del 27 un incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) de 35 euros o 3,63%, hasta 1.000 euros al mes o 14.000 al año (por 14 pagas), como han solicitado los sindicatos en los últimos meses. Y lo hará con carácter retroactivo a partir del 1 de enero de este año, según aclaró ayer la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
El Ministerio de la Seguridad Social y el de Asuntos Económicos han desvelado cuál será la contrapartida económica que recibirán las empresas que decidan implantar los nuevos planes de empleo que quiere impulsar el Gobierno: un máximo de 301 euros al año por trabajador, según se puede deducir de una farragosa fórmula que se incluye en el último borrador del Anteproyecto de Ley, al que ha tenido acceso elEconomista, que desarrolla el fondo público de empleo. Junto a esta fórmula, la otra gran novedad del borrador es la posibilidad de que el trabajador tenga una mayor aportación que el empresario, aunque el exceso se graduará según una tabla de coeficientes.
El Gobierno de coalición sacó ayer adelante el Real Decreto-Ley que desarrolla la reforma laboral sin modificar una coma, como pedían los agentes sociales y exigían PSOE y Unidas Podemos. Y lo hizo por la mínima -175 votos a favor frente a 174 en contra- y rompiendo las alianzas parlamentarias mantenidas hasta ahora. Pero sobre todo, lo hizo inmerso en la polémica porque el sufragio que marcó la diferencia procedió de un diputado del PP, Alberto Casero. En principio se achacó su acción a un error, pero no está en absoluto claro que se tratara de una equivocación.
La convalidación parlamentaria de la reforma laboral se enfrenta a más vaivenes de los que el Gobierno esperaba. A la negativa ya definitiva que confirmó el PNV, los dos diputados de UPN (Sergio Sayas y Carlos García Adanero) se distanciaron esta mañana del mensaje favorable al decreto que lanzó anoche el líder de su partido, Javier Esparza. Sin embargo, ambos se muestran ahora dispuestos a acatar el mandato de su directiva y votar afirmativamente
La CEOE llevará el fondo público ante los tribunales si finalmente se aprueba en los términos en los que se encuentra en el último borrador que el Ejecutivo ha entregado a los agentes sociales para realizar las últimas apreciaciones, antes de que el texto vea luz verde en Consejo de Ministros. Según fuentes cercanas a la negociación de este punto de la reforma de pensiones, la patronal considera que el instrumento de previsión social complementaria supone una "nacionalización" de este sector económico y "va contra la competencia" y la iniciativa privada, por lo que se plantea denunciar el fondo público de pensiones ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), órgano competente en esta materia.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, hizo un hueco este lunes por la tarde a elEconomista. Estaba a caballo del viaje a Costa Rica, de donde regresó el viernes, y se preparaba para marchar a Dubai. "Nosotros hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer y si no sale, cada uno tendrá que responder muy bien de por qué no ha salido", dice sobre el debate de la reforma laboral este jueves en el Congreso.
La prevalencia de los convenios autonómicos sobre los nacionales es uno de los argumentos para no convalidar la reforma laboral este jueves por una parte de los "aliados" del Gobierno de Coalición. El PNV es su principal valedor, aunque se suma la izquierda nacionalista (ERC, Cup, EH-Bildu y BNG). Sin embargo, fuentes laborales del País Vasco apuntan que desde 2017 se han firmado 2 convenios autonómicos en Euskadi frente a 50 provinciales, a pesar de que ese año Confebask, CCOO y UGT firmaron un acuerdo para impulsar los primeros.
El próximo jueves, el Gobierno tiene el duro trámite de convalidar el Real Decreto-Ley que desarrolla el acuerdo laboral con una gran incertidumbre. Entre los posibles noes se encuentra el bloque de la izquierda nacionalista que suma 21 votos –13 de ERC, 5 de EH-Bildu, 2 de CUP y 1 de BNG–, formaciones que se han conformado junto con PNV como los garantes de la legislatura para el Gobierno de coalición.
UGT ha realizado un documento, al que ha tenido acceso elEconomista, donde establece la seis claves económicas para el presente 2022. Entre ellas, apunta la necesidad de desarrollar la reforma laboral para que efectivamente se traduzca en creación de empleo estable y de más calidad.
Los planes de pensiones de empresa son uno de los grandes fracasos del marco laboral. Como muestra, solo uno de cada diez convenios, lo que equivale a uno de cada diez asalariados, disfruta de uno de estos planes en los que contribuye la empresa con aportaciones para la jubilación de sus empleados. Así, de los 908 convenios firmados durante el pasado año, el 10,78% incluye planes de pensiones. Por tanto, de los 3,5 millones de trabajadores que amparan esos convenios, 378.410 tendrán derecho a un plan de pensiones de empresa, según se recoge en la estadística de convenios del Ministerio de Trabajo.