El Ministerio de Seguridad Social impondrá una comisión máxima del 0,3% a las gestoras privadas que aspiren a gestionar los fondos de pensiones de empleo de promoción pública o los planes de pensiones simplificados. La imposición de este límite se ha convertido en uno de los aspectos más polémicos durante la negociación que el departamento que dirige José Luis Escrivá ha mantenido con empresarios y sindicatos.
Los autónomos verán aumentada su aportación a los planes de pensiones de empleo con derecho a desgravación desde los actuales 1.500 euros anuales que se recogen en la Ley de Presupuestos Generales de este año a 5.750 euros gracias a la ley de planes de pensiones de empleo que ha aprobado el pasado martes el Consejo de Ministros. Sin embargo, los trabajadores por cuenta propia se quedan muy por debajo de los asalariados que podrán desgravarse hasta 10.000 euros al año, un 42% más.
El Consejo de Ministros ha dado este martes el visto bueno al proyecto de ley que impulsará los planes de pensiones de empleo sin el apoyo de los agentes sociales. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no ha incluido una desgravación en el impuesto de Sociedades para las aportaciones de las empresas como solicitaban los empresarios en la mesa de negociación.
El Consejo de Ministros dio luz verde definitivamente al proyecto de ley para la articulación del fondo público de pensiones con el que se pretende dar un impulso definitivo al ahorro complementario para la jubilación, una de las tareas pendientes de España si elevamos la comparación al resto de países del entorno comunitario y, más allá, se trata de una demanda de Bruselas de cara a la reforma del sistema público de pensiones.En concreto, el proyecto de ley ha incorporado incentivos fiscales para impulsar los planes de pensiones colectivos, en línea con la recomendación 16ª del Pacto de Toledo y con las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Hay que recordar que en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 se continúa el proceso de diferenciación de la fiscalidad entre planes individuales y colectivos, estableciendo un límite en la deducción de la base imponible de 1.500 euros y de 10.500 euros, respectivamente. Eso sí, el texto no incluye definitivamente una de las demandas del sector privado, que ha trasladado al Ejecutivo hasta el último momento previo a la aprobación y que era una condición para sostener un apoyo público a la medida: la desgravación fiscal en el impuesto de Sociedades. Se espera, según el calendario comprometido con la Comisión, que estos fondos de promoción pública estén activos para la segunda mitad de 2022. De ello dependerá que nuestro país reciba el tramo correspondiente al segundo semestre de este año procedente de los fondos Next Generation, por valor de 6.000 millones de euros.
La nueva normativa derivada de la reforma laboral implica una complejidad añadida para los responsables de recursos humanos que no sólo deberán conocer qué pueden y qué no pueden hace a la hora de contratar; también deberán estar muy pendientes de no incumplir en el día a día las nuevas reglas que se introducen con la reforma, especialmente en las contratos temporales, de formación y los fijo-discontinuos.
El Gobierno no contará con el apoyo de la CEOE para el Anteproyecto de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo que aprobará mañana el Consejo de Ministros -lo anunció el viernes el responsable de Seguridad Social, José Luis Escrivá-, según declaran a eE fuentes de la patronal y reconoció el ministro el pasado viernes.
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, permiten ahora que los futuros planes de pensiones de empleo simplificados, que se están negociando con empresarios y sindicatos, puedan incluirse en un fondo de pensiones de empleo de promoción privada.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que dirige Reyes Maroto tiene paralizado el proyecto piloto para la concesión de subvenciones destinadas a financiar a las empresas que voluntariamente ejecuten planes destinados a reducir la jornada laboral de 32 horas repartidas en cuatro días semanales para estudiar sus efectos, según explica Héctor Tejero, diputado a la Asamblea de Madrid por Más País y responsable de la ejecución del acuerdo firmado con el Gobierno para estudiar la implantación de la jornada de cuarto días.
Los fondos públicos de pensiones de empleo que negocia el Ministerio de Seguridad Social con los agentes sociales y que se aprobarán en un próximo Consejo de Ministros tendrán un coste anual para el ministerio de José Luis Esciva de medio millón de euros anuales, en concreto 524.475 euros derivados de la contratación de nueve personas, seis para atender la Secretaría General de la Comisión Promotora y de Seguimiento, adscrita a dicho ministerio, y otros 3 inspectores para la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
El Ministerio de Seguridad Social ha suavizado las exigencias que quería imponer en materia de comisiones a las gestoras que se postulen para tramitar los fondos de pensiones de empleo de promoción pública y los fondos de empleo simplificados de nuevo cuño, tras las fuertes críticas que ha recibido de la industria de gestores de activos a través de la CEOE, encargada de negociar en la mesa.