La gran empresa, aquella que tiene 500 o más empleados en plantilla, es más proclive que el resto de compañías a contratar a su personal mediante fórmulas temporales. Así se desprende de una nota sobre "tasa de temporalidad por tamaño de empresa" que, elaborada por la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, se ha aportado a los negociadores de la reforma laboral para abordar los cambios en los nuevos modelos de contratación.

Nadia Calviño sigue sin aclarar cuándo abordará el Gobierno una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ni siquiera si llegará a subirse este año. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos se limitó a decir en Antena 3 que espera que la situación económica favorable se mantenga para que el Gobierno pueda retomar “cuanto antes” la senda de subida del SMI que viene impulsando desde junio de 2018.

La sanidad y la educación, dos sectores con un alto peso público, son los que en volumen más trabajadores temporales tienen contratados, según la "nota sobre la temporalidad por ramas de actividad" elaborada por la Secretaría de Estado de Empleo y entregada a los negociadores de la reforma laboral. El documento resalta que la mayor tasa de temporalidad está en el sector agrícola, cercana al 60%, la construcción de edificios, 42%, y las ETT y agencias de colocación, 38,8%. Y, a continuación, recalca "la alta tasa de temporalidad del sector público (ramas de educación, sanidad, asistencia residencial y correos)". El informe -elaborado para la negociación de la contratación temporal planteada por el Gobierno- establece una media de temporalidad del conjunto de la población asalariada del 23,8%, unos 3.832.100 trabajadores.

Uno de cada dos contratos registrados en los Servicios Públicos de Empleo (Sepe) tiene una duración inferior a 3 meses, en concreto el 52,23%, según desveló ayer el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El 35% de las personas contratadas el pasado mes lo hicieron para un mes o menos y el 21,54% no llegan a una semana. En julio, los 1,83 millones de contratos registrados en el Sepe arrojaron una duración media de 53,2 días, volviendo a una senda de descenso en la serie de los meses de julio.

El efecto de la pandemia en las cuentas públicas sigue siendo demoledor. La cifras son elocuentes: en un solo mes, en junio, la deuda pública del conjunto de las administraciones (Central, organismos autónomos, comunidades autónomas, corporaciones locales y Seguridad Social) aumentó en 23.477 millones de euros, un 1,7% en tasa mensual, con lo que encadena dos meses consecutivos al alza, según los datos publicados este martes por el Banco de España. En el primer semestre del presente año, el endeudamiento soberano español ha crecido en 80.179 millones de euros y desde marzo del pasado año, cuando se declaró la pandemia, la deuda pública se ha incrementado en 201.099 millones de euros.