El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, elevó el tono de sus advertencias al Gobierno. Declaró en Murcia, tras un encuentro con el presidente del gobierno regional, Fernando López Miras, que “nuestra paciencia se ha agotado, si no hay una propuesta en firme sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en la primera reunión en septiembre, con nosotros que no cuenten para el resto de mesas de negociación”.
En el segundo trimestre de este año había de medida 19,67 millones de personas ocupadas en España, según la Encuesta de Población Activa (EPA), lo que significa 133.500 por debajo de los 19,80 millones del mismo trimestre de hace dos años cuando no había pandemia. Aunque también, implica que se han recuperado algo más de un millón de puestos de trabajo sobre el segundo trimestre de 2020 cuando se decretó el estado de alarma. No obstante, la recuperación del empleo está siendo desigual. Según un informe de Fedea explotando los datos de la EPA en junio ya había siete comunidades autónomas con más ocupados que en el segundo trimestre de 2019. Los otras diez restantes siguen todavía sin alcanzar los niveles de empleo preCovid.
La negociacion del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores (ET) sobre contratos formativos ha enturbiado más, si cabe, la negociación de la reforma laboral. Entre los asuntos más espinosos está la pretensión del Gobierno de que las prácticas curriculares y extracurriculares que realizan los estudiantes universitarios, conocidas como becarios conlleven la cotización a la Seguridad Social y sean remunerados, actualmente exentas de ambas obligaciones empresariales.
Los datos de empleo del segundo trimestre, -abril a junio-, y la continuidad en julio son claramente positivos. Así se desprende de la Encuesta de Población Activa (EPA) o los datos del registro del Sepe y de la Seguridad Social. Sin embargo, un análisis más en profundidad de la encuesta del INE arroja algunos datos preocupantes. Entre ellos, el alza desmesurada de los desempleados de larga duración, aquellos que llevan entre uno y dos años buscando infructuosamente un trabajo, y los de muy alta duración, que sobrepasan los dos años. En conjunto, durante la pandemia (segundo trimestre de 2021 sobre el primero de 2020) se ha elevado en 360.500 el número de parados que no encuentran empleo desde hace un año como mínimo. Un problema que señala el Servicio de Estudios de la Confederación de UGT en un informe elaborado para la Comisión Ejecutiva del sindicato.
Las altas tempertauras que se prevén superen estos días los 40 grados en muchos puntos del territorio han hecho saltar las alarmas también en el ámbito laboral. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lanzó ayer desde su cuenta de Twiter el mensaje de que el Buzón de la Inspección de Trabajo “está atendiendo estos días con prioridad todas las denuncias relacionadas con la exposición a temperaturas extremas en el puesto de trabajo”. Y precisó que “se atenderán como urgentes las denuncias y comunicaciones” recibidas en dicho buzón relacionadas con los riesgos de estrés térmico. “Garantizar condiciones laborales dignas es una tarea colectiva”, apuntó Díaz.
La gestión de los grandes puertos españoles, bajo el mandato de Organismo Puertos del Estado, se ha quedado obsoleta en opinión de la Cámara de Comercio de España. A tal fin, el organismo que defiende intereses empresariales ha elaborado un Informe en el que detalla los cambios que, en su opinión, se precisan para actualizar el transporte marítimo en España. En concreto son 41 medidas agrupadas en cinco bloques. Entre las peticiones de la Cámara de Comercio están una gestión más profesional y una ventanilla única para agilizar todos los trámites relacionados con la carga y descarga de los barcos.
El índice compuesto de indicadores líderes (CLI) -que sirve a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de termómetro económico para detectar cambios de tendencia en la coyuntura- alerta de una leve moderación en el ritmo de crecimiento para España. Así, julio es el primer mes del presente año en el que el índice creció por debajo de los 40 puntos básicos (pb) -se quedó en 0,34 (pb)- hasta colocarse muy cerca de 100, en 99,79 frente a los 99,45 de junio. No obstante, el índice que mide la tendencia de la economía ha seguido recuperando posiciones desde el mínimo registrado en abril del pasado año (89,61 pb) hasta colocarse a ritmos de enero de 2020 (99,49 pb) y se acerca a cien, límite que no se registraba desde diciembre de hace dos años.
Cuando se declaró la pandemia en marzo del pasado año, los asalariados amparados por convenios colectivos con vigencia en ese momento estaban obligados a trabajar 1.754,56 horas efectivas al año de media. Actualmente, a julio de este año, los 2.246 convenios en vigor exigen 1.741,38 horas de trabajo efectivo al año, lo que supone un descenso en picado de 13,2 horas si se tiene en cuenta que la jornada anual pactada se ha reducido en 19,9 horas en total desde que arrancó el siglo en 2000, según datos extraídos de la estadística de negociación colectiva del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Aunque los contratos firmados en el primer semestre del presente año son mayoritariamente temporales, los ritmos de crecimiento son favorables a los indefinidos. Así, en lo seis primeros meses se firmaron 956.907 fijos, un 27% más respecto a los 7562.691 del primer semestre del año pasado, 204.200 más.
El Ministerio de Trabajo ha desoído finalmente la petición de una buena parte de los inspectores de Trabajo que solicitaron que las actas de sanción que, a partir del 1 de enero de 2022, emitirá de forma automatizada la Inspección de Trabajo fuesen firmadas por un subinspector o un inspector. El Real Decreto que implanta la automatización de determinadas sanciones aprobado este martes por el Consejo de Ministros establece que las actas serán avaladas por el Sello Electrónico Cualificado del Organismo Estatal e la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social. La ausencia de la firma cuenta con el rechazo radical de una de las dos asociaciones de inspectores, el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (Sitss), y en el caso de la otra, la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (Upit), las opiniones estaban divididas.