El Servicio Público de Empleo (Sepe) ha cerrado un acuerdo con la Agencia Tributaria (Aeat) para actualizar cada mes los datos de los ingresos percibidos por los trabajadores en Erte con el fin de evitar que cuando llegue la declaración de la Renta de 2020 -que arrancará el 7 de abril- muchos de los beneficiarios de la prestación se lleven la sorpresa de que deben declarar a Hacienda más dinero del que les ha correspondido, según fuentes del Ministerio de Trabajo.
Mucho se está hablando de empresas zombis, eufemismo de negocios sin viabilidad, y de las dificultades para poder recuperar a muchos de las casi 740.000 personas que siguen en Erte. Sin embargo, los riesgos varían en función de la actividad y son los sectores de turismo, hostelería y comercio - que acumulan más de la mitad de las personas que constaban en las listas del Sepe a finales de enero- los que corren más peligro, según comentan ciertos economistas a eE.
Los secretarios generales de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, junto con los secretarios generales de ambos sindicatos en Madrid, Jaime Cedrún y Luis Miguel López Reíllo, intervienen este jueves a las 12 horas en la concentración de delegadas y delegados sindicales en Madrid, bajo el lema ¡Ahora sí toca!, para pedir al Gobierno que eleve el SMI y derogue las reformas laborales y la reforma de pensiones de 2013.
El Gobierno estudia inyecciones directas a las pymes y los autónomos durante cinco meses destinadas a sostener negocios viables y en tal sentido negocia con Bruselas y con la banca las fórmulas para drenar ese dinero a los negocios más castigados por la pandemia -bares, restaurantes y pequeños comercios, entre otros ámbitos-.
Una de las actividades afectadas por las medidas de confinamiento y control de aforo ha sido la mediación y arbitraje en el ámbito laboral al que están obligados a acudir las empresas y trabajadores en caso de conflicto. Una labor encargada a la Fundación Sima y a los organismos afines de las comunidades autónomas.
La asociación de autónomos Upta ha propuesto al Gobierno, junto con las empresas que emiten vales de comunidad, un batería de medidas para incentivar la demanda en la hostelería y evitar el cierre de más locales. La asociación que lidera Eduardo Abad cifra en 15.000 los bares y restaurantes que han cerrado el pasado año. Especialmente preocupados se muestran en Upta por aquellos restaurantes de polígono o de zonas urbanas con muchas oficinas que subsistían fundamentalmente gracias al menú del día de personas trabajadoras. El aumento del teletrabajo le ha supuesto un claro quebranto.
La llegada del trabajo a distancia mediante la ley aprobada en septiembre del año pasado supone un reto para la Inspección de Trabajo que se ha marcado como un "objetivo prioritario" para los próximos tres años la "vigilancia del cumplimiento de esta Ley", según consta en el borrador del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo hasta 2023.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha trasladado a la Inspección su intención de reforzar normativamente su actuación para controlar las irregularidades en materia salarial y en los despidos colectivos. Unos cambios que se ampararán dentro del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para 2021-2023 actualmente en elaboración.
Manuel Giménez, responsable de Economía de la Comunidad de Madrid, Consejería que corresponde a Ciudadanos, acaba de pactar con su socio de Gobierno, el PP, un acuerdo de Presupuestos que incluye un plan de Rescate ciudadano con 1.000 millones de euros. De ellos, 600 millones se destinarán a pymes y autónomos, con 235 millones de euros para ayudas directas a fondo perdido. De ellos, 150 millones serán para pymes, 85 millones dedicados al sector de la hostelería, y otros 85 millones a autónomos. Ahora, solo falta conseguir el apoyo en la Asamblea de Madrid, para lo que aspira a convencer a Vox de la necesidad del plan para salvar a muchos negocios madrileños. Un apoyo necesario para sacar adelante los Presupuestos de la Comunidad de Madrid donde se incluiría el plan. Sobre el debate de la armonización fiscal autonómica, Giménez pide que no se sustente sobre falsedades, pues Madrid es la comunidad más solidaria de España.
El Gobierno presentó este miércoles el Plan de Digitalización de las pymes que, financiado con fondos comunitarios, invertirá en los próximos cuatro años 4.656 millones de euros. El plan está incluido dentro de la Agenda Española Digital 2025 que moverá hasta 2025 unos 11.000 millones de euros. Para gestionar tal volumen de fondos se creará una Comisión Ejecutiva que será asistida por una Oficina Técnica de Gestión y Seguimiento del Plan.