Las políticas de incentivos a la contratación que está estudiando el Ministerio de Trabajo pasa por la "concentración prioritaria de dichos incentivos" en los "colectivos con mayores dificultades para la incorporación al mercado de trabajo, por ejemplo, los nuevos perceptores del ingreso mínimo vital", según recoge el documento de la Nueva Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2014 al que ha tenido acceso eE. El borrador, que se está negociando con los agentes sociales y con las comunidades autónomas, explicita que se incrementará el presupuesto y la cuantía de los incentivos para contratos "indefinidos" de estos colectivos. Fuentes de los negociadores matizan que la idea no es recortar el dinero que se destina globalmente a incentivar la contratación, sino destinarlo a empleo fijo de estos colectivos más desfavorecidos.

El sindicato CCOO acusa al Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos de ocultar la información de cómo está realmente la brecha salarial dentro de la Administración General del Estado (AGE). La central que lidera Unai Sordo considera que el Ejecutivo está impidiendo un análisis para conocer la cuantía real a la que asciende la diferencia de los sueldos entre las mujeres y los hombres con empleos públicos en la Administración que depende del Ejecutivo.

Más País, el partido de Íñigo Errejón, presentó al Ministerio de Industria hace un par de semanas su propuesta de proyecto piloto de reducción de jornada laboral y mejora de la productividad que prevé realizar un estudio del efecto que tendría sobre la productividad de las empresas en una jornada laboral de 4 días o 32 horas semanales. Dicho proyecto prevé un esquema de incentivos económicos para aquellas empresas que, de forma voluntaria, quieran participar en el estudio de reducción de la jornada.

Los datos del desempleo siempre varían según las fuentes usadas, bien la EPA, bien el registro de los Servicios Públicos de Empleo. Centrándonos en la estadística del INE, durante el pasado año perdieron su empleo 622.600 personas. Sin embargo, los expertos alertan de los 740.000 trabajadores que están amparados en un Erte –que de no existir esta herramienta, una buena parte habría engrosado las listas de desempleo–.