La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha trasladado a la Inspección su intención de reforzar normativamente su actuación para controlar las irregularidades en materia salarial y en los despidos colectivos. Unos cambios que se ampararán dentro del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para 2021-2023 actualmente en elaboración.
Fuentes conocedoras del plan señalan que se orienta a mejorar la calidad en el empleo y que el trabajo de la Inspección se concentrará entre este año y 2023 en detectar irregularidad en los contratos temporales y de tiempo parcial, en un mayor control de las empresas con una alta siniestralidad laboral, en los falsos autónomos, en el uso incorrecto de los becarios, en un mayor control del tiempo de trabajo con registros de horarios, en trabajadores inmigrantes o en la habilitación de los inspectores en materia sanitaria con motivo del Covid.
Fuentes autonómicas y de los agentes sociales señalan que el plan estratégico está avanzado y que tienen hasta el próximo viernes para hacer alegaciones al borrador que les ha presentado el Ministerio de Trabajo con el fin de aprobarlo en Consejo de Ministros en las próximas semanas. El plan estratégico viene a sustituir el elaborado por la anterior ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, cuyo objetivo principal ha sido atajar las irregularidades en la contratación temporal y de tiempo parcial y que ha finalizado el pasado 31 de diciembre.
Mantener el ritmo de contratación
Para hacer frente al plan, la ministra se ha comprometido a mantener el ritmo de contratación como en los años anteriores. Alrededor de 600 incorporaciones en los tres próximos años entre inspectores y subinspectores para el área de empleo y de Seguridad Social. En la convocatoria de 2019, salieron 165 plazas, 55 de inspectores y 110 de subinspectores. Unas cifras que se repetirán los próximos años, aunque habrá que ver las convocatorias de cada año.
Las reformas legales para dotar de una mayor legitimidad jurídica a los inspectores incluye cambios en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social para castigar los incumplimientos salariales, según el diario ABC que tuvo acceso al borrador del plan estratégico. Según otras fuentes, también se podrían plantear modificaciones en la regulación de la jurisdicción de lo social. Eso permitiría, por ejemplo, que los jueces de lo social pidan informes a la Inspección en materias como la modificación sustancial de las condiciones de Trabajo y en lo referente a ERE o Ertes.
El diario ABC apunta que el borrador incide en que el mayor número de denuncias ante la Inspección deriva de quejas por los sueldos y jornadas por encima de las pactadas. En el tema de salarios se usarán más herramientas informáticas, como una aplicación que detectará incumplimientos salariales a partir de las tablas salariales de los convenios, lo que facilitará la intervención de la Inspección.
Habra una atención especial al trabajo que prestan las empresas de subcontratas, a aquellas compañías que abusen de los contratos de muy corta duración y a las que se acojan a las cláusulas de descuelgues.
Campañas de cartas
La Inspección continuará las campañas del anterior plan de remisión de cartas a las empresas sugiriendo un cambio de actitud ante ciertas infracciones. Pero si las empresas no modifican su comportamiento, las exigirán responsabilidades y se abrirán actas de infracciones. Además, la Inspección continuará estrechando su colaboración con la Agencia Tributaria, Catastro y otras administraciones.
