La puesta en marcha el fondo de recuperación europeo de 750.000 millones de euros está más cerca. El Parlamento Europeo y Alemania, este semestre al frente de los Estados miembros, llegaron este jueves a un acuerdo sobre la condicionalidad del Estado de Derecho que irá adherida a los fondos europeos, uno de los principales escollos de la negociación.
Los ministros de Finanzas de la UE (el Consejo Ecofin) acordó este miércoles reforzar la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Las conclusiones adoptadas por el Ecofin, y adelantadas por elEconomista el 31 de octubre, piden crear una nueva autoridad europea, con poderes para realizar inspecciones en los Estados miembros y sancionar. También propone avanzar en paralelo en la elaboración de un reglamento común que armonice requerimientos como la identificación del cliente o la verificación del beneficiario propietario.
Europa no consigue atajar el enorme problema que tiene con el lavado de dinero dentro de sus fronteras. A pesar de haber realizado cinco revisiones a su directiva contra el blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo, el mercado único continúa siendo un coladero para flujos de dinero de orígenes dudosos. La última directiva entró en vigor este año. Algunos países ni siquiera han terminado de aplicar la cuarta revisión. Pero el principal problema no es la procrastinación de los Gobiernos, sino que las autoridades nacionales dejan muchos agujeros en una batalla que es generalmente trasnacional, y ningún supervisor quiere meterse en la taifa del vecino.
La segunda ola del covid-19 ha golpeado duramente al continente europeo. "La situación es muy preocupante", describió ayer con rostro serio la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Y como advirtió esta médico de formación, las cifras de positivos continuarán disparándose durante las próximas dos o tres semanas.
El impacto del covid-19 ha vuelto a disparar la preocupación de los españoles por su situación laboral. Según el último Eurobarómetro publicado este viernes, y correspondiente a los meses de julio y agosto, un 47% de los españoles eligió el desempleo como uno de los dos principales problemas que encara su país, muy por encima del 28% de media en la UE. E incluso casi alcanzó a la salud, la principal preocupación con un 50%.
La crisis de covid-19 vuelve a confirmar que la historia no se repite, pero rima. Esta recesión no se parece a la de hace una década en sus causas o en las respuestas que ha generado. Pero, como sucediera tras la debacle financiera, el fantasma de una recaída sobrevuela Europa, mientras instituciones y analistas muestran su preocupación por los potenciales efectos secundarios en el tejido empresarial y el empleo.
El fondo de recuperación continúa con su tortuoso y complicado proceso de ensamblaje. El acuerdo histórico de los líderes de julio sirvió para romper tabúes y fijar el nivel de ambición. La UE pedirá prestada la cifra récord de 750.000 millones de euros, un endeudamiento sin precedentes, que luego ofrecerá a los países como ayudas no reembolsables y préstamos para superar la crisis causada por el covid-19.
El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea al cargo de Economía, Valdis Dombrovskis, pronto pasará el relevo del dosier de Finanzas a la irlandesa Mairead McGuinness. A cambio, el letón sumará también Comercio a sus competencias. Pero antes de deshacerse de la parte de mercados financieros, Dombrovskis se despidió con un megapaquete legislativo en áreas que han sido dos de sus principales frentes de batalla durante los últimos años: la construcción de una unión de mercado de capitales en Europa y el desarrollo de las finanzas digitales en la Unión.
El fondo europeo de recuperación de 750.000 millones de euros, que ultiman los Estados miembros y el Parlamento Europeo, llegará con condiciones. Los países tendrán que presentar reformas para desbloquear la ayuda. Pero la condicionalidad podría ir incluso más allá, dado que el artículo 9 incluido en la propuesta podría llevar a la suspensión de los desembolsos si los países no cumplen con las metas fiscales que les marca la Comisión Europea.
El BCE lleva tiempo alertando sobre las mismas faltas en la zona euro. La moneda común necesita completar la unión bancaria con una garantía de depósitos común. Y debe añadir una capacidad fiscal para absorber shocks asimétricos. El nuevo fondo de recuperación de 750.000 millones de euros, bautizado como Próxima Generación Europa, se parece mucho a lo que echa en falta la zona euro. En particular, el nuevo Instrumento para la Recuperación y la Resiliencia, que canalizará los 360.000 millones en préstamos y un 80% de las ayudas a fondo perdido (312.500 millones)