El fondo de recuperación continúa con su tortuoso y complicado proceso de ensamblaje. El acuerdo histórico de los líderes de julio sirvió para romper tabúes y fijar el nivel de ambición. La UE pedirá prestada la cifra récord de 750.000 millones de euros, un endeudamiento sin precedentes, que luego ofrecerá a los países como ayudas no reembolsables y préstamos para superar la crisis causada por el covid-19.
Los Estados miembros cerraron este martes los flecos del Instrumento para la Recuperación y la Resiliencia, el mecanismo que canalizará hasta 672.500 millones de euros del megapaquete, incluyendo 312.500 millones de euros de transferencias a fondo perdido. Lo hará a través de los planes de inversiones y reformas que presentarán los países para acceder a la ayuda. A España le corresponden unos 60.000 millones de euros en ayudas no reembolsables, en precios de 2018, además de los préstamos.
El texto aprobado por los ministros de Finanzas de la UE (el Ecofin) no fue publicado todavía, dado que tiene que ser adoptado formalmente por los embajadores de los 27, probablemente se hará el viernes. Posteriormente será negociado con el Parlamento Europeo, que discrepa en algunos puntos.
El documento, al que tuvo acceso elEconomista, mantiene los principios generales acordados por los líderes en julio para el fondo de recuperación. Pero, además, resalta de manera clara que los Estados miembros no podrán perder de vista su posición presupuestaria, aunque ahora mismo no tienen que cumplir con los objetivos de déficit y de deuda de la UE. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento se suspendió en primavera para dar más margen de gasto a los Gobiernos para salir de la crisis.
El texto adoptado por el Ecofin señala en su artículo 9 que se podría suspender el desembolso de los fondos de recuperación a los Estados miembros en caso de no tomar medidas eficaces para corregir su déficit excesivo. Se trata de un artículo copiado de la legislación de los Fondos de Cohesión. De hecho, cuando España y Portugal se convirtieron oficialmente en los primeros sancionados por violar el Pacto de Estabilidad en 2016, defendieron en el Parlamento Europeo que no se les congelaran los fondos europeos. Evitaron la multa y la congelación de fondos, lo que demuestra en la práctica la dificultad de activar este artículo incluso en circunstancias normales.
En la Eurocámara, los grupos de la izquierda y los verdes quieren eliminar este artículo 9. Los liberales les respaldarían, si a cambio se refuerza el control del cumplimento de las inversiones y reformas prometidas.
Los socios del Sur habían empujado para eliminar la referencia a las metas fiscales
Tal y como se acordó en verano, los planes nacionales de inversiones y reformas para acceder a la ayuda deberán reflejar las recomendaciones específicas anuales de la Comisión a los Estados miembros, en concreto las de 2019 y 2020. Entre otras cosas, España tendría que garantizar la sostenibilidad de las pensiones y mejorar el mercado laboral.
Además, el texto aprobado por los países precisa que, al evaluar los planes para conceder los fondos, la Comisión tendrá en cuenta si las medidas cubren "todos o un subconjunto significativo de desafíos identificados recomendaciones específicas de cada país, incluidos aspectos fiscales".
Fuentes diplomáticas explicaron que los socios del Sur habían empujado para eliminar esta referencia a las metas fiscales.
Suspensión del pacto
Preguntado sobre el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda, el vicepresidente de la Comisión Europea al cargo de Economía, Valdis Dombrovskis, recordó este martes la suspensión del Pacto de Estabilidad, también durante 2021, y la recomendación de Bruselas de mantener una política expansiva el próximo año. Pero añadió que la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad contempla la necesidad de "garantizar la sostenibilidad fiscal a mediano plazo y nuestra orientación es que los Estados miembros avancen hacia posiciones fiscales prudentes a mediano plazo, según lo permita la situación macroeconómica".
La suspensión del Pacto además coincide con un proceso de revisión de las mismas normas fiscales. Para países como Francia, el Pacto que se reactive tras la crisis debería ser otro, con una supervisión diferente de las cuentas nacionales, como también pide el Consejo Fiscal Europeo. Para muchos, el límite del 3% del PIB de déficit y 60% de deuda son absurdas, y se debe atender más a trayectorias de reducción del endeudamiento público, que será muy elevado tras la pandemia.
El texto también precisa la posibilidad de suspender las ayudas "en caso de irregularidades graves, es decir, fraude, corrupción y conflicto de intereses en relación con las medidas apoyadas por el Mecanismo". Esta condicionalidad del Estado de Derecho es uno de los principales puntos de fricción entre los Estados miembros, y entre éstos y la Eurocámara.
Los socios del Norte, apoyados por los eurodiputados, piden medidas más estrictas para presionar a Hungría y Polonia. Budapest y Varsovia no quieren ninguna intromisión en su sistema legal. Unos y otros tensionan por extremos opuestos, y amenazan con no aprobar que la UE pida prestados los 750.000 millones en los mercados si el texto final no les gusta, un aprobado para el que se requiere la unanimidad.
Las dificultades en torno a la negociación del fondo de recuperación, y del presupuesto plurianual de la UE que se negocia en paralelo, complican la llegada de la ayuda. Fuentes comunitarias opinan que el 10% de la prefinanciación que se ofrecerá a los países (unos 6.000 millones en ayudas no reembolsables para España) podría retrasarse hasta mediados de 2021, si todo va bien.
