La puesta en marcha el fondo de recuperación europeo de 750.000 millones de euros está más cerca. El Parlamento Europeo y Alemania, este semestre al frente de los Estados miembros, llegaron este jueves a un acuerdo sobre la condicionalidad del Estado de Derecho que irá adherida a los fondos europeos, uno de los principales escollos de la negociación.
Ambos lados todavía tienen que acordar este mes las cantidades adicionales para el presupuesto plurianual comunitario, de algo más de un trillón de euros, y cerrar los detalles del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el principal pilar del fondo de recuperación. No obstante, no se espera que la ayuda del fondo llegue a las capitales hasta el segundo semestre de 2021.
Según el acuerdo, la Comisión podrá suspender el desembolso de fondos europeos, por ejemplo, en casos de corrupción o de conflicto de intereses. Los Estados miembros deberán someter su propuesta a votación en el plazo de un mes, con una aprobación por mayoría cualificada.
Los eurodiputados consiguen así establecer el límite temporal que querían, para que la propuesta de suspensión comunitaria no coja polvo sobre la mesa del Consejo, como sucede ahora con los procesos contra Hungría y Polonia por violar el Estado de Derecho.
Sin embargo, la Eurocámara no consiguió que la aprobación sea por mayoría cualificada inversa. Esto es, Hungría y Polonia tendrían que convencer a una mayoría de países para bloquear las propuestas de la Comisión. Con el acuerdo sobre la mesa, les bastará con una minoría para torpedear una amenaza contra sus fondos.
El acuerdo cubrirá aquellas acciones que "corren un grave riesgo" de afectar a los fondos comunitarios
Además, en circunstancias excepcionales, un Estado miembro podrá utilizar un "freno de emergencia", que forzará a los líderes de la UE a debatir la infracción en una cumbre en un plazo de tres meses desde la propuesta de la Comisión. Se trata de otra concesión para Varsovia y Budapest, que han amenazado con vetar el aumento de techo presupuestario comunitario, necesario para que la Comisión pida prestados los 750.000 millones de euros en los mercados, si consideran que esta condicionalidad del Estado de Derecho es muy intrusiva.
No obstante, según el texto de compromiso, los eurodiputados lograron ampliar el espectro de infracciones que podrían desencadenar el proceso, una de sus principales demandas, incluyendo "poner en peligro la independencia del poder judicial".
También se apuntaron otro tanto importante al dotar al mecanismo de cierto carácter preventivo, como había planteado inicialmente la Comisión Europea. Así, cubrirá no solo acciones que "afectan de manera suficientemente directa a la buena gestión financiera del presupuesto de la UE" sino también aquellas que "corren un grave riesgo" de afectar a los fondos comunitarios.
Hungría reacciona con cautela
Está por ver si el acuerdo satisface a Budapest, o vetará el endeudamiento masivo comunitario. La ministra de Justicia húngara, Judit Varga, escribió ayer en Twitter tras el compromiso que "Hungría respeta los Tratados y se adhiere al histórico acuerdo del Consejo Europeo de julio", en referencia a la cumbre en la que se acordó el fondo de recuperación. Entonces también se sentaron las principales características de la condicionalidad del Estado de Derecho, que eran menos estrictas que las del pacto actual.
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