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Abertis se lanzará a comprar el 66,6% de la autopista de peaje Chicago Skyway, en Estados Unidos. La concesionaria española tiene un interés máximo en participar en la subasta pública que preparan los fondos de pensiones canadienses CPPIB (Canada Pension Plan Investment Board) y Omers para vender sus acciones en la infraestructura, representativas, respectivamente, del 33,3%, según indican a este diario fuentes del mercado al tanto del proceso. La operación tiene un valor estimado superior a los 2.500 millones de euros.

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FCC ha colocado a Estados Unidos y Canadá como sus dos mercados prioritarios de crecimiento futuro en el área de infraestructuras.

Globalvia tiene en marcha un ambicioso plan de inversiones en nuevos activos de gestión de servicios de autobús, autopistas y ferrocarril de alta velocidad por un importe cercano a los 2.000 millones de euros.

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Los tribunales han comenzado a emitir sentencias favorables a las empresas privadas que ejecutan o gestionan contratos públicos por sus demandas judiciales en las que reclaman compensaciones por el impacto del estado de alarma y los confinamientos obligados que impuso el Gobierno de España en marzo de 2020 ante la irrupción de la pandemia por Covid-19. Una batalla legal por la que las Administraciones Públicas afrontan reclamaciones incalculables, pero que se cuentan por miles de millones de euros.

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Sacyr tiene en Italia uno de sus focos de crecimiento en su negocio de concesiones y tras asentarse como uno de los principales operadores de autopistas del país también quiere irrumpir en la explotación de otro tipo de infraestructuras como hospitales.

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Ferrovial ha sellado la compra al fondo estadounidense Carlyle de una participación representativa del 49% en New Terminal One, el consorcio designado para diseñar, construir y operar la Nueva Terminal 1 del Aeropuerto Internacional JFK (John Fitzgerald Kennedy) de Nueva York (que incluye las terminales 1 y 2, y la antigua T3 de dicho aeropuerto y posibles ampliaciones). La inversión para el grupo español supondrá aproximadamente 1.140 millones de dólares (1.064 millones de euros al cambio actual).

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Grupo Gimeno ha tomado el control de Portsur Castellón, la concesionaria de la terminal de graneles de la Dársena Sur del Puerto de Castellón, al acordar la compra del 66,5% del capital que ostentaba hasta ahora el fondo luxemburgués Kartesia. De este modo, el conglomerado valenciano eleva su participación en la sociedad al 98,5%, mientras que TMC (Terminal Marítima Castellón) ostenta el 1,5%.

La Comunidad de Madrid consolida su liderazgo como la región con mayor inversión en obra pública de España. En 2021, las distintas Administraciones rubricaron contratos en la autonomía central por un importe de 3.004 millones de euros. Esta cifra representa más del doble que en 2020, cuando se situó en 1.492 millones. Este incremento, del 101,3%, está muy por encima del de la media nacional, que se situó en el 66,7%, hasta alcanzar un volumen total de adjudicaciones públicas de 12.806 millones, según los datos finales recabados por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan) y a los que ha accedido 'elEconomista'.

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Acciona ha puesto su punto de mira en Asia para potenciar su negocio de energías renovables, instrumentado a través de su filial Acciona Energía. En esta línea, la compañía está analizando en este momento la adquisición de The Blue Circle (TBC), una empresa con sede en Singapur que desarrolla en la actualidad una cartera de parques eólicos, la mayoría en fase de desarrollo, de más de 2.600 megavatios (MW) distribuidos en países como Filipinas, Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos, Myanmar e Indonesia.

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El Gobierno planea recortar el número de concesiones de transporte de viajeros por carretera a la tercera parte. En el marco del desarrollo del anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana trabaja con las Comunidades Autónomas en el diseño de un nuevo mapa concesional de las líneas de autobuses, de manera que éste garantice la rentabilidad para los operadores y se adapte a las "nuevas necesidades de movilidad", al tiempo que haya "una mayor eficiencia en el gasto público".