INFRAESTRUCTURAS
El Gobierno enfrenta una nueva amenaza en forma de demandas judiciales millonarias a cuenta de las autopistas españolas. La decisión de limitar el derecho al reequilibrio económico por el impacto que la crisis del Covid-19 tiene sobre los ingresos de las concesiones a únicamente aquellos contratos que entraron en vigor después de noviembre de 2011 ha puesto en pie de guerra a las empresas.