Abertis ya acumula una pérdida de tráfico en sus autopistas de España del 16,7%, después de que en la primera semana de abril haya registrado una caída del 79,5%, más de seis puntos superior a la que se apuntó en la última de marzo. Son 6,1 puntos más (-73,4% en la anterior) después de que desde el 30 de marzo el Gobierno impusiera el cese presencial de todas las actividades no esenciales para limitar la movilidad y combatir la expansión del coronavirus.
Gabriel Escarrer, presidente de la Alianza para la excelencia turística (Exceltur) y vicepresidente ejecutivo de Meliá Hotels International urge al Gobierno a implementar medidas específicas para que la industria del turismo pueda garantizar la supervivencia ante la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus. Reclama acciones en el ámbito financiero, laboral y fiscal y advierte de que, de no llevarse a cabo, la mitad de las empresas que se han visto obligadas a cerrar se verán abocadas a la quiebra.
Abertis presentará este miércoles una oferta vinculante para tomar el 80% de la concesionaria de autopistas portuguesa Brisa. También lo harán Globalvia y, previsiblemente Aleatica. Tres grupos españoles controlados por empresas y fondos internacionales que se verán las caras con firmas de Francia, Italia, China y Holanda. Esta operación, unida a la de Red de Carreteras de Occidente (RCO), en México, se erige en una de sus principales oportunidades en el mundo para compensar la pérdida en sus resultados que implica la reversión de sus mayores concesiones en España.
La operación está sujeta a la aprobación del Gobierno al ser una firma estratégica para EspañaEl fondo capitaneado por José Manuel Vargas cuenta con el respaldo de los accionistas
Rhône Capital, el fondo capitaneado en España por José Manuel Vargas (expresidente de Aena), negocia elevar su participación en el gigante de explosivos Maxam, en el que ostenta el 45% desde hace dos años. La operación, no obstante, tiene que recibir el visto bueno del Gobierno además de las autoridades de competencia correspondientes, al tratarse de un sector estratégico para España.
Concentra en sus autopistas y aeropuertos ya operativos los dividendos que recibirá hasta 2024Ratifica el objetivo pese a la crisis y sumará nuevos ingresos de más activos a partir de 2025
OHL ha reforzado su cartera de construcción internacional con nuevos proyectos en dos países donde el grupo tiene una decidida apuesta por crecer en el ámbito de la construcción: Suecia y República Checa. Se trata de proyectos ferroviarios y de carreteras que en conjunto suman más de 250 millones de euros.
Ferrovial recibirá de sus concesiones de infraestructuras un total de 4.000 millones de euros por dividendos hasta 2024. Este volumen se concentra en aquellos activos maduros que están hoy operativos en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y España. La hoja de ruta diseñada por el grupo que dirigen Rafael del Pino e Ignacio Madridejos contempla que aquellas autopistas que han entrado en operación en los últimos meses o que aún se hallan en fase de construcción en Estados Unidos, Eslovaquia y Colombia no comenzarán a repartir sus beneficios entre los accionistas al menos hasta 2025.
Sebastián Molinero, secretario general de la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac), denuncia la insufiencia de los avales anunciados por el Gobierno para que las empresas puedan sortear la crisis generada por el coronavirus y reclama que se faciliten líneas de liquidez adicionales y se paguen las deudas de las Administraciones.
El Gobierno ha limitado el derecho de las concesionarias al reequilibrio económico por el impacto que la crisis del coronavirus tiene sobre sus ingresos únicamente a aquellos contratos firmados desde diciembre de 2011. Esto supone dejar el grueso de las concesiones de obras y servicios fuera de la posibilidad de recibir una contraprestación, en forma de prolongación del plazo fundamentalmente, según denuncian fuentes del sector. La decisión, materializada en el Real Decreto-ley 11/2020, aprobado el 31 de marzo, implica "poner en jaque la viabilidad de las concesionarias" y abre la puerta a que se desate "una oleada de demandas judiciales contra el Estado", de acuerdo con las fuentes empresariales consultadas.