La Asociación Nacional de Constructores Independientes (Anci) alerta del riesgo de quiebras de las empresas de construcción por los efectos de la crisis sanitaria por el coronavirus si el Gobierno no toma medidas urgentes. La patronal de las constructoras no cotizadas demanda actuaciones urgentes dirigidas al anticipo de presupuestos, por un lado, y a la fijación de unas compensaciones por la situación generada que supondría un desembolso para la Administración de entre 600 y 1.000 millones de euros.

Los sectores de la construcción y de la ingeniería reclaman al Gobierno y al resto de Administraciones Públicas que reactiven los procesos de licitación y contratación de proyectos para que la recuperación, una vez se supere la pandemia por coronavirus, sea más rápida. Las empresas consideran que los procedimientos de licitación que se utilizan en la actualidad, por vía electrónica, permiten que no haya que paralizar todos los procesos de contratación.

Abertis ha agudizado la caída del tráfico en sus autopistas europeas como consecuencia de la crisis sanitaria por el coronavirus. La concesionaria que controlan Atlantia y ACS registró un descenso en la segunda semana de confinamiento en España(entre el 23 y el 29 de marzo) del 73,4% en sus peajes en España, frente al recorte del 66,9% de la primera semana. Con ello, el grupo ya acumula una bajada del número de usuarios del 11,7%. Su negocio en España, no obstante, resiste mejor que en sus otros dos mercados europeos, Francia e Italia, donde las reducciones de tráfico alcanzaron en la última semana el 79,7% y el 76,1%, respectivamente.

El sector turístico ya da prácticamente por perdido el verano y prevé que la recuperación será mucho más lenta de lo que se había estimado hasta ahora como consecuencia de la prolongación del estado de alarma y de los efectos que la pandemia por el coronavirus está teniendo tanto en España como en el resto del mundo. Así, la pérdida de ingresos que maneja la industria es ya de 54.733 millones de euros en 2020, frente a los 39.000 millones proyectaba hace dos semanas, según los cálculos de Exceltur. Esto implica la tercera parte (el 32,7%) de los 158.000 millones previstos para este año, con una amenaza real sobre la continuidad de cerca de 800.000 empleos.

Más allá de las necesidades de mayores avales y de facilidades para poder aplazar los pagos de las cotizaciones a la Seguridad Social y a Hacienda, las cadenas hoteleras quieren que el Gobierno las ayude a abordar uno de los caballos de batalla que enfrentan como consecuencia de la crisis sanitaria por el coronavirus y el cierre casi total de la actividad: el alquiler de los establecimientos. En esta línea, las compañías plantean que al igual que ha hecho con las hipotecas o el arrendamiento residencial, el Ejecutivo respalde al sector en el mismo sentido y regule, mediante Real Decreto Ley, una moratoria para el pago de las rentas, que suponen uno de sus principales gastos recurrentes.