La ofensiva que desde hace una década desarrollan los sucesivos Gobiernos contra los despidos colectivos y las prejubilaciones forzosas de trabajadores tienen una clara excepción: aquellas que contaron con el beneplácito del propio Ejecutivo. Un aval que se resisten a retirar incluso en casos en los que el mismísimo Tribunal Supremo ha anulado los despidos.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha convertido la reclamación de los 'pagos indebidos' en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTEs) durante la pandemia en un castigo adicional para las empresas. El departamento que dirige Yolanda Díaz ha cambiado la ley para que la empresa responda solidariamente de la devolución de las cantidades reclamadas por el SEPE y no solo si el trabajador no puede abonarlas.
El Gobierno, los sindicatos y la patronal esperan la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa (CEDS) sobre si la indemnización por despido improcedente contraviene la Carta Social Europea. Aunque el fallo puede tardar aún unos meses en publicarse, los expertos dan por hecho que tendrá consecuencias inmediatas y se traducirá en un aluvión de demandas con el foco puesto en el coste de las extinciones.
La 'Gran Renuncia' americana se ha colado en el boletín económico del BCE dedicado a los salarios. El fenómeno, vinculado tanto a los empleados que dimiten de su puesto de trabajo como a los que rechazan empleos, copa titulares desde la pandemia y se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los que manejan el timón de la política monetaria. El sobrecalentamiento del mercado laboral tiene un efecto directo en la inflación.
El colapso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) durante la pandemia sigue afectando a cientos de miles de españoles que tienen que hacer frente a reclamaciones por "pagos indebidos" de los ERTEs durante la pandemia. La situación es aún peor para los que vuelven a ser parados, ya que pueden ver denegada su nueva prestación por esta deuda. Esto ha obligado al Ministerio de Trabajo a cambiar La ley de Protección por Desempleo para evitar que esta situación estalle en año electoral.
El nuevo paquete de "avances en prestaciones por desempleo y en las coberturas sociales" de los profesionales del sector artístico presentado al alimón por los ministerios de Cultura, Trabajo e Inclusión y Seguridad Social alcanzará a 16.989 profesionales del sector al año. Aunque los grandes beneficiarios serán un grupo de 808 artistas jubilados, apenas un 4,7% del total, pero que se repartirán el 46% del coste de las medidas.
Son muchos los que esperan que con la publicación del paro registrado de enero se despeje la incógnita del impacto estadístico de los fijos discontinuos, sobre todo después de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz anuncie la publicación desglosada de esos datos. Pero el hecho es que ese trabajo ya está hecho desde hace casi tres meses: el SEPE lo realizó en octubre y, hasta hoy, los resultados siguen sin publicarse.
La polémica sobre los datos de los fijos discontinuos empieza a repercutir en el seno del propio Gobierno. Crece el temor a que la incapacidad del equipo de Yolanda Díaz para ofrecer estadísticas, siquiera provisionales, que acallen las críticas repercuta en la credibilidad de España incluso en la Unión Europea. Y ante este escenario, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, están marcando distancias.
Se le llame 'Gran Dimisión', 'sobrecalentamiento' del mercado laboral o, simplemente, dificultad para encontrar mano de obra, el desencaje entre oferta y demanda de trabajadores se ha convertido en un quebradero de cabeza para los bancos centrales durante 2022. La razón no es otra que su efecto en los salarios y, por ende, en la inflación. Pero un nuevo informe apunta a que este impacto ha tocado techo.
El primer año de la reforma laboral ha disparado la contratación y la afiliación de trabajadores indefinidos, pero no a la misma velocidad. El resultado es una brecha de 4,7 millones de contratos 'fantasma' que se extinguieron sin consolidarse en empleos reales. Suponen el 67% del total de los firmados.