En menos de dos semanas el Ministerio de Trabajo ha cambiado radicalmente de guión para hacer frente a las dudas sobre el impacto de los fijos discontinuos inactivos en las cifras de desempleo. De enrocarse en que nada ha cambiado tras la reforma laboral y tachar de 'trumpistas' a los críticos, a anunciar hasta en dos ocasiones, que publicará la cifra desagregada de personas en esta situación. Pero ¿a qué se debe realmente este giro?
A priori, nada cuestiona el argumentario al que se aferra el Gobierno: los fijos discontinuos que se inscriben en los servicios públicos de empleo no cuentan como parados registrados, aunque tengan derecho a una prestación o subsidio (siempre que hayan cotizado lo suficiente), sino como demandantes.
Trabajo esgrime la Orden de 11 de marzo de 1985 "por la que se establecen criterios estadísticos para la medición del paro registrado", para demostrar que nada ha cambiado. Aunque dicho texto suscita bastantes cuestiones: la primera, que la orden no menciona explícitamente a los demandantes fijos discontinuos (sí, por ejemplo, a los afectados por regulaciones temporales de empleo o los beneficiarios del antiguo PER).
La orden deja claro que ningún demandante ocupado cuenta como parado registrado, pero si esto engloba a los fijos discontinuos es dudoso por culpa del propio Ministerio de Trabajo, que insiste en que los fijos discontinuos se inscriben como DENOs: es decir, demandantes no ocupados.
¿A qué se debe esta confusión? A que se les da de baja de afiliación, con lo cual no son 'ocupados'. Afortunadamente para el propio Ministerio, las interpretaciones de la norma de 1985 que ha ido haciendo el SEPE resuelven esta duda y matiza que cuentan como demandantes con relación laboral.
Pero la Orden de 1985, en su apartado 2, también da un mandato claro: "De los colectivos de trabajadores demandantes de empleo que, en virtud del número anterior, se excluyen a efectos estadísticos del paro registrado se ofrecerá mensualmente información estadística".
Ni el Ministerio de Trabajo actual ni ninguno de los anteriores lo han cumplido, aunque hay que precisar que el peso de los fijos discontinuos en el empleo (y el desempleo) era residual hasta que la reforma de 2022 los convirtió en la alternativa a los extintos contratos temporales por obra y servicio.
Aun así, no es difícil encontrar a los fijos discontinuos inactivos que se apuntan a los servicios públicos de empleo analizando los datos de los demandantes con relación laboral. El investigador Florentino Felgueroso de Fedea desarrolló una metodología para estimarlos por la que calcula que cerraron el año entorno a los 603.000. Este es el alcance de la brecha entre el paro registrado y el 'efectivo' (que añade al registrado a estas personas).
Al analizar esta diferencia, Fedea dio la voz de alarma sobre un asunto mucho más grave: esta cifra no se componía solo de nuevos demandantes, sino también de 'ajustes' que provenía de otras categorías de demandantes. Dicho de otra forma: que al revisar las cifras el SEPE (algo que suele hacer para garantizar el adecuado pago de las prestaciones) ha detectado a miles de personas mal inscritos, que deberían ser considerados demandantes de relación laboral.
Casi 122.000 eran parados registrados. Esta cifra no se explica solo por el mayor número de contratos fijos discontinuos: cerca de la mitad, 52.288, fueron revisados solo en octubre. Un ajuste que se hizo no solo con opacidad, sino generando una enorme confusión entre las propias comunidades autónomas. Así, la Consejería de Empleo de Andalucía reveló que el SEPE les había dicho que se debía a que eran fijos discontinuos debían computar como DENOs, cuando se les registró en la casilla de demandantes con relación laboral.
Tras la polémica, en diciembre se han paralizado los ajustes, como reveló elEconomista.es. Pero ya era tarde para frenarla. Incluso UGT ha pedido mayor transparencia. El sindicato no plantea en ningún caso que los fijos discontinuos deban ser contados como parados registrados, sino que se informe con mayor claridad sobre su situación, la calidad de sus empleos y su situación cuando pasan a la inactividad a la espera de ser llamados por la empresa.
Impacto en el paro europeo
Aparentemente, Trabajo ha cedido a estas demandas por transparencia, aunque el motivo es el temor a que la Comisión Europea tome cartas en el asunto. Existe la posibilidad en que en sus próximos informes sobre el cumplimiento de los compromisos europeos del España se aluda a esta polémica. Ello supondría un revés político para el Gobierno y, en particular, su vicepresidenta Yolanda Díaz, en pleno año electoral.
Ya hay un precedente claro: hace unas semanas el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos pidió que se despejaran las dudas sobre esta cuestión. Aunque sus palabras no encerraban ninguna crítica a la reforma laboral (todo lo contrario) si Bruselas las comparte darían alas a las críticas de la oposición. Sin embargo, ni siquiera este sería el peor escenario para el Ministerio de Trabajo.
Es obvio que los ajustes extraordinarios por parte del SEPE los parados registrados para convertirse en demandantes con relación laboral tuvieron algún impacto en los datos de desempleo. Especialmente en octubre, un mes en el que convirtieron a 52.288 parados registrados en demandantes con relación laboral y el paro, de manera inédita, bajó en 27.000 personas.
Las dudas de Eurostat
Patronales como Asempleo ya han pedido, a través de la CEOE, que la Oficina Europea de Estadísticas (Eurostat) revise los datos para cotejar el impacto de los fijos discontinuos. Pero, ¿tiene base esta petición? ¿Y a qué se debería? A que los datos mensuales de paro de la UE se basan en los del SEPE.
A diferencia de otros países, la Encuesta de Población Activa (EPA) de España es trimestral, no mensual. Para poder publicar los datos mes a mes, lo que hace Eurostat es aplicar una compleja fórmula a los datos de paro registrado del SEPE para 'adaptarla'. Es decir, simula la desviación habitual entre los datos del Instituto nacional de Estadísticas y de Trabajo (ya que utilizan metodologías diferentes).
Es el mismo método que se aplica para los datos de Bélgica, Bulgaria, Irlanda, Francia, Croacia, Chipre, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia. Pero por ello, cualquier cambio relevante en los datos del SEPE debería ser clarificado y explicado, como hace el INE. Algo que no ha ocurrido en el caso de los ajustes sobre los demandantes con relación laboral que no trabajan.
Aunque esta revisión, como mucho, se limitaría al ámbito de la revisión de estos 122.000 parados, y no afectaría a la forma de contar el paro (ya que en ningún caso Eurostat cuestiona las bases de la Orden de 1985), ni cuestionaría los resultados de la reforma laboral, el hecho de que Eurostat tenga dudas sobre los datos de España, supondría un duro varapalo a la forma en la que el Gobierno gestiona la transparencia de sus estadísticas.
Una posibilidad que llevado a Trabajo a maniobrara toda velocidad para despejar las dudas y polémicas y evitar un profundo revés desde Bruselas en pleno año electoral.
