La falacia del 'espantapájaros' u 'hombre de paja' es aquella que se basa en distorsionar y exagerar una proposición para, a continuación, centrarse en rebatir esa tergiversación como si fuera la original. Es exactamente lo que ha hecho la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en el marco de la polémica de los fijos discontinuos. Pero esta estrategia no le hubiera servido de nada sin la entusiasta colaboración activa de otros actores, empezando por la oposición.
El debate sobre qué demandantes de empleo deben considerarse como parados registrados no es nuevo. Y, hasta cierto punto, resulta comprensible a la luz de los datos: en diciembre, el total de los primeros alcanzó los 4,41 millones, mientras los segundos se quedaron en 2,83 millones.
En España cobró una especial intensidad con la pandemia, a cuenta de los afectados por ERTE, pero se puede rastrear en muchos otros supuestos que englobarían ese denominado 'paro oculto' de personas desempleadas pero que no cuentan en el registro 'oficial'. Es el caso de los parados que realizan cursos de formación, los trabajadores eventuales agrarios (los beneficiarios del antiguo PER) y, por supuesto, los propios fijos discontinuos, cuya existencia se remonta a 1976.
La historia de esta modalidad contractual es compleja, con múltiples regulaciones que han dado forma a su actual configuración. Hasta 1984 no se consideraron un contrato indefinido como hoy, sino un tipo 'híbrido' entre estos y los temporales. Ello se debe a su propio objetivo: labores de carácter eventual pero que se repetían cíclicamente.
En esto recordaban a los trabajadores agrarios del antiguo PER, con una diferencia sustancial: una relación laboral que no se interrumpía porque el contrato no se extinguía.
No es hasta la reforma de 1984 cuando se integran con pleno derecho entre los indefinidos; eso sí, como una modalidad a jornada parcial. Así es como los registra el SEPE en su estadística de contratos, que también publica en paralelo a la de demandas de empleo.
Aquí nace el debate sobre si es un maquillaje de la temporalidad, una cuestión que arrecia ya en 2012 cuando la reforma laboral del PP los potencia como alternativa en el sector turístico, si bien con muchísima menor intensidad que lo hace la de 2021. En las estadísticas sociolaborales del Ministerio, por cierto, la serie histórica de contratos fijos discontinuos solo se retrotrae hasta el año 2000, aunque existían desde hace 25 años antes.
La orden de la discordia
¿Pero cómo se contaban en el paro? Aquí encontramos el primer "hombre de paja" que esgrime el Ministerio de Trabajo para defender que la forma de registrar a los fijos discontinuos no se ha modificado: la Orden de 11 de marzo de 1985 por la que se establecen criterios estadísticos para la medición del paro registrado.
En su apartado número uno establece qué colectivos no cuentan como parados registrados. Y se explicita que entre ellos están los demandantes de empleo con una ocupación. La lista es detallada y se incluyen a los que tienen suspendido el contrato al estar afectados por un ERTE y también a los beneficiarios del subsidio agrario. Pero no hay ninguna mención directa a los fijos discontinuos, pese a que esta casuística concreta ya existía.
Esto contradice lo que dan a entender los responsables del Ministerio de Trabajo en sus declaraciones; aunque del texto se infiere claramente que, al ser demandantes con un empleo tampoco son parados. En cualquier caso, hay que precisar que en 1985 el papel de los fijos discontinuos era residual comparado con el actual.
Pero más relevante a estos efectos resulta el apartado 2 de la propia Orden Ministerial, que dice: "De los colectivos de trabajadores demandantes de empleo que, en virtud del número anterior, se excluyen a efectos estadísticos del paro registrado se ofrecerá mensualmente información estadística".
Aquí es donde el Ministerio de Trabajo incumple el propio mandato de la norma que esgrime para defender su gestión de los fijos discontinuos. Más aún, ofrece informaciones contradictorias con la propia normativa.
La falacia de los DENOs
Hay que entender que la Orden de 1985 opera como un 'reglamento marco' y las estadísticas publicadas mes a mes han sufrido numerosos cambios para adaptarse a su función de informar sobre la realidad del mercado agrario (por ejemplo, siempre sin traicionar sus preceptos base). Pero al contrario de lo que ocurre con los trabajadores agrarios (ahora denominados TEASS) no han detallado dónde computaban los fijos discontinuos en la demanda de parados.
Ello a pesar de que sí los registra en otra estadística, la de prestaciones por desempleo (donde se clasifican junto a los temporales por que el derecho a cobrar se genera por la finalización de un empleo eventual).
Pero esto no significa que el SEPE no sepa donde están: de hecho, cada mes publica un documento que detalla los conceptos necesarios para interpretar sus estadísticas en la que estipula con claridad que los demandantes fijos discontinuos entran en la casilla de "demandantes ocupados o con relación laboral". Los expertos y análisis de las estadísticas corroboran que se trata de demandantes con relación laboral.
Pero en este punto nos encontramos otro 'hombre de paja' (aunque quizá cabría hablar de otro tipo de falacia): el Ministerio insiste por activa y por pasiva que los fijos discontinuos son demandantes no ocupados (DENOs). Esta confusión, que puede explicarse porque se considera que los fijos discontinuos son equiparables a los TEASS (algo que, como hemos visto, no es cierto) no tendría mayor relevancia, ya que el propio SEPE deja las cosas claras.
Pero hay indicios de que se podría estar utilizando para enmascarar el ajuste en las cifras del paro que ha ido realizando el SEPE y que llega las 122.000 personas en 2022.
Solo en octubre, como ha informado elEconomista.es el organismo convirtió a 52.280 parados registrados en demandantes con relación laboral. Pues bien, cuando la la Junta de Andalucía publicó sus datos de ese mes dijo que estaban afectados por una "regulación administrativa" realizada por el SEPE "en torno a la clasificación de los fijos discontinuos que están en período de inactividad, que según la normativa deben estar encuadrados como demandantes de empleo no ocupados (DENOS) y no como parados registrados".
Dicha normativa no existe, y de ser así implicaría que el Ministerio de Trabajo sí ha cambiado la manera de contar a los parados para convertir a los demandantes fijos discontinuos en DENOs. Precisamente lo que niegan. Pero, de nuevo, las estadísticas lo rebaten con claridad: el ajuste convierte a parados en demandantes con relación laboral.
El PP también distorsiona el debate
Este ajuste, sobre el que nadie ha dado más explicaciones es el auténtico origen de la polémica de los fijos discontinuos y su impacto en el desempleo. Aunque, como suele ocurrir, el debate político lo eleva a trazo grueso.
Así, muchos dirigentes del PP aseguran ahora que los fijos discontinuos deben ser parados registrados, pero cuando ellos gobernaban ni se lo plantearon. Tampoco parecen recordar las comunidades autónomas en las que gobiernan, como Andalucía, tienen la competencia de la gestión de demandas, así que están perfectamente al tanto de las revisiones del SEPE.
Pero esto constituye el tercer hombre de paja: el trazo grueso con el que se plantea el debate lo distorsiona hasta el punto de discutir sobre algo que nadie (o al menos nadie que conozca las estadísticas de empleo en España) cuestiona: los fijos discontinuos no son parados registrados y esto no ha cambiado ni en esta reforma laboral ni en ninguna de las anteriores.
Lo que se plantea, en cambio, es que no es de recibo la opacidad con la que el Ministerio de Trabajo trata sus datos, incumpliendo incluso el mandato de la Orden de 1985 que utilizan para esconder esta responsabilidad. Esa transparencia resulta imprescindible por dos motivos: el primero la 'explosión' de la contratación fijo discontinua tras la reforma laboral ha aumentado el número de demandantes. El segundo, la revisión que está haciendo el SEPE de las cifras de paro.
Es lo que reclaman los expertos e incluso instituciones como el BCE. No es esta petición de más y mejor información lo que pone en duda los buenos resultados globales de la reforma laboral, sino la negativa del Ministerio de Trabajo a satisfacerla, recurriendo a 'espantapájaros' para distraer de la cuestión.
