El nuevo paquete de "avances en prestaciones por desempleo y en las coberturas sociales" de los profesionales del sector artístico presentado al alimón por los ministerios de Cultura, Trabajo e Inclusión y Seguridad Social alcanzará a 16.989 profesionales del sector al año. Aunque los grandes beneficiarios serán un grupo de 808 artistas jubilados, apenas un 4,7% del total, pero que se repartirán el 46% del coste de las medidas.
La clave es que el nuevo Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno les permite la compatibilidad del 100% de la pensión de jubilación y la actividad artística. Esta medida supondrá un coste para la Seguridad Social de 19,29 millones de euros al año, de los 40,9 que suma el total de las medidas.
Esa cantidad se repartirá entre 110 personas que realicen actividades por cuenta ajena y 698 autónomos. Es decir, un mayor gasto para la Seguridad Social de 23.762 euros de media por cabeza. El Gobierno estima además que la media de esta compatibilidad será de tres años, lo que eleva la cifra total a 57,6 millones, 71.287 para cada perceptor.
Según la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) que acompaña al decreto, a la que ha tenido acceso elEconomista.es, este coste se deduce del aumento de gasto anual en relación a la que suponía la opción que estos profesionales tenían hasta ahora: demorar la jubilación.
La medida corrige y amplía una establecida en 2019, que permitía compatibilizar la pensión con la percepción de derechos de autor. Ahora el Gobierno considera que "se ha revelado insuficiente para permitir que todo el caudal intelectual revierta a la sociedad" y la amplía a cualquier tipo de actividad artística o cultural, genere derechos de autor o no.
La medida se ve apenas compensada por una "cotización de solidaridad" del 9% para estos trabajadores cuyo impacto presupuestario no detalla la Memoria, aunque fuentes parlamentarias estiman que puede rondar los 2 millones de euros. Sin embargo, la mayoría de esta cotización, siete puntos, repercutirá sobre los empleadores.
En el caso de los que sean autónomos, podrían beneficiarse de otra de las medidas: la rebaja de cotizaciones en 69 euros al mes para los artistas de bajos ingresos.
Esta medida no solo afecta a los jubilados, sino a todos los trabajadores culturales por cuenta propia. El Gobierno estima que los beneficiarios lleguen a los 10.954 al año, el 64% del total de beneficiarios. Pero el coste es muy inferior: apenas 4,5 millones al año.
Un guiño a los 'consagrados'
Ambas medidas elevan la repercusión anual para la Seguridad Social a 23,7 millones de euros. Supone el 58% del total del presupuesto anual de las medidas. Los restantes 17,2 millones corresponden a la nueva prestación por desempleo para los artistas y se financian vía impuestos.
Se trata de la medida que más recuerda al Plan de Empleo Rural (PER), el polémico subsidio destinado al sector agrario. El Gobierno espera que dé cobertura a 5.227 personas al año. Los beneficiarios se dividen en dos cuantías: 80% y 100% del IPREM. Es decir, 480 euros y 600 euros mensuales respectivamente. Los primeros suman 2.091 beneficiarios y los segundos 3.136.
El coste estimado de esta prestación especial suma 17,2 millones de euros al año. Los perceptores del 80% del IPREM recibirán 6,28 millones de euros, y los del 100% un total de 10,9 millones al año. Así, la ayuda solo supone un 42% del total de la partida y alcanza a menos de un tercio de los beneficiaros.
El alcance total de las medidas, 16.989 personas, equivale al 23% de las 72.416 personas que el Gobierno considera potenciales beneficiarios: son los afiliados (por cuenta ajena o autónomos) dados de alta a cierre de 2022 en la sección de actividades de creación, artísticas y espectáculos.
En este contexto, los beneficiarios de la mejora en la pensione se revelan como una minoría que, a tenor de los cálculos de Seguridad Social, engloba a los artistas más consagrados y con largas carreras de cotización, a los que se permite cobrar una pensión íntegra mientras siguen trabajando.
Asignaturas pendientes
En cualquier caso, pese a los "avances laborales" que Trabajo y Seguridad Social recalcan que contiene, la norma deja pendientes la cuestión clave del empleo de los profesionales artísticos: la precariedad de su actividad.
El Real Decreto-ley se limita a contemplar la creación de dos comisiones interministeriales que se ocuparán de revisar las enfermedades profesionales, y la "intermitencia" en este ámbito laboral.
Cabe recordar que el Ejecutivo hizo una excepción en su propia reforma laboral para el sector artístico, con la creación de un "contrato laboral artístico" que podía ser temporal y prorrogarse las veces que haga falta si la gira, representación o rodaje lo requiere.
