La ofensiva que desde hace una década desarrollan los sucesivos Gobiernos contra los despidos colectivos y las prejubilaciones forzosas de trabajadores tienen una clara excepción: aquellas que contaron con el beneplácito del propio Ejecutivo. Un aval que se resisten a retirar incluso en casos en los que el mismísimo Tribunal Supremo ha anulado los despidos.
El pasado mes de noviembre, el Alto Tribunal anuló el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por Iberia para 29 trabajadores de los aeropuertos de Madrid y Sevilla y autorizado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social que entonces dirigía Fátima Báñez (contraviniendo lo dispuesto en su propia reforma laboral, que eliminaba la 'autorización administrativa previa' de estos procesos).
Con ello, además, se pagaban unas indemnizaciones mucho más bajas de las que les hubiera correspondido en un procedimiento convencional, según los trabajadores, que recurrieron el ERE.
La excusa del Ministerio es que se trataba de la prórroga de un ERE anterior, presentado en 2005. Pese a los cambios de Gobierno, en el largo periplo judicial que siguió, los equipos de Magdalena Valerio y Yolanda Díaz siguieron defendiendo. Pero ni la Audiencia Nacional en primer lugar ni el Supremo dieron por bueno este argumento.
De esta forma, el largo proceso se cerró con la obligación para Iberia de "readmitir a los empleados de forma inmediata", abonándoles todos los salarios dejados de percibir desde el 19 de octubre de 2015 hasta su efectiva reincorporación. Además, al igual que a la empresa, se condenó al Ministerio de Trabajo a pagar los costes del proceso.
Una victoria para la los trabajadores pero que, sin embargo, no es el fin de la historia, según explica a elEconomista.es Emilio de Castro, el letrado que ha liderado la defensa de las reclamaciones de los trabajadores a lo largo de estos siete años.
Y es que, durante este tiempo, cuatro de esos trabajadores tuvieron que jubilarse anticipadamente tras agotar su prestación y subsidios por desempleo. Ello se tradujo en la aplicación de unos coeficientes reductores en su pensión que suponen una reducción de más del 25% "de por vida".
Recuperar un gasto "indebido"
Aparte del "menoscabo económico" para estas personas, supone un coste para las arcas públicas, que autorizaron estas jubilaciones anticipadas en virtud del ERTE. Ahora que el Supremo confirma la nulidad y la obligatoriedad de Iberia de reintegrar costes, la revisión de esta autorización es el paso previo para que la Seguridad Social recupere "cientos de miles de euros" que resulta que se han abonado de manera incorrecta una vez anulado el ERE.
Sin embargo, el organismo que dirige José Luis Escrivá se ha puesto de perfil, tanto ante la sentencia como ante la reclamación que los afectados presentaron en noviembre para que anule estas jubilaciones anticipadas. Ello pese que hacerlo supondría un ingreso para las cuentas de la Seguridad Social, tanto en devolución de prestaciones como en abono de las cotizaciones de los salarios de tramitación.
La situación se hace especialmente incomprensible porque estos trabajadores sí han alcanzado un acuerdo con Iberia para resolver la situación y verse compensados. Además, Iberia va a devolver al SEPE las prestaciones por desempleo.
La incertidumbre ante el silencio de meses de la Seguridad Social ha motivado incluso un requerimiento de la Audiencia Nacional, remitido el miércoles de la semana pasada.
Un esquema de EREs desmontado por el Supremo
La posición que ha mantenido el Gobierno de coalición en el caso de Iberia, manteniendo los recursos hasta el último momento, choca poderosamente con el discurso público contra el 'edadismo' por parte de la titular de Trabajo, Yolanda Díaz. Por no hablar de la apuesta por incentivar la ampliación voluntaria de la vida laboral y penalizar el retiro anticipado de José Luis Escrivá.
También los antecesores de PSOE y PP han pecado de la misma incoherencia, como ejemplifica el desarrollo de la famosa enmienda Telefónica aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y desarrollada por el de Mariano Rajoy.
Sin embargo, resulta comprensible si se tiene en cuenta que la fórmula aplicada en Iberia para autorizar despidos colectivos como 'prórroga' de procesos iniciados anteriormente, se ha aplicado en otros procesos de ajuste de plantilla desde la crisis financiera y después, pese a que la reforma laboral de 2012 eliminaba la autorización administrativa.
Los procedimientos, que en muchos casos obligaron a prejubilaciones, se aprobaron con acuerdo de las empresas y los sindicatos y recibieron luz verde a una forma de resolver las extinciones de manera pacífica, pero la sentencia del Supremo supone un duro revés para este esquema que abre la puerta a múltiples demandas en la misma línea.