En menos de dos semanas el Ministerio de Trabajo ha cambiado radicalmente de guión para hacer frente a las dudas sobre el impacto de los fijos discontinuos inactivos en las cifras de desempleo. De enrocarse en que nada ha cambiado tras la reforma laboral y tachar de 'trumpistas' a los críticos, a anunciar hasta en dos ocasiones, que publicará la cifra desagregada de personas en esta situación. Pero ¿a qué se debe realmente este giro?
La reforma laboral ha conseguido elevar el porcentaje de contratos indefinidos, pasando del 10,3% de diciembre de 2021 al 39% un año después. Pero este éxito ha tenido una contrapartida en la volatilidad de esos empleos: 331.838 trabajadores supuestamente fijos tuvieron que firmar más de un contrato en el mismo mes.
La falacia del 'espantapájaros' u 'hombre de paja' es aquella que se basa en distorsionar y exagerar una proposición para, a continuación, centrarse en rebatir esa tergiversación como si fuera la original. Es exactamente lo que ha hecho la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en el marco de la polémica de los fijos discontinuos. Pero esta estrategia no le hubiera servido de nada sin la entusiasta colaboración activa de otros actores, empezando por la oposición.
El debate sobre los fijos discontinuos ha marcado la lectura de los datos de paro de 2022, un año en el que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha 'borrado' a casi 122.000 personas de las listas del paro registrado para convertirlos en 'demandantes con relación laboral'. Sin embargo, este ajuste se ha frenado casi en seco en el último mes del año.
El Gobierno seguirá apostando en 2023 por la "prohibición de despedir" para impedir una oleada de extinciones de contratos provocada por la crisis energética y la incertidumbre económica. Pero no solo lo hace sin corregir ni clarificar una fórmula cuestionada por el Tribunal Supremo, sino que añade nuevos y controvertidos cambios legales que auguran un ejercicio lleno de litigiosidad e inseguridad jurídica para las empresas que pretendan hacer ajustes.
En su balance del aniversario de la aprobación de la reforma laboral, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró no tener el dato de personas con contrato fijo discontinuo que no trabajan y que se apuntan como demandantes en los servicios públicos de empleo. Una respuesta sorprendente cuando las propias estadísticas de su departamento reflejan que desde enero a noviembre de 2022 se han registrado más de un millón de altas.
El debate sobre la brecha de género en las empresas nunca pierde actualidad. Y aunque se suele repetir hasta la saciedad que España ha experimentado una gran mejoría en este ámbito en los últimos años, no dejan de aparecer cifras más pesimistas que nos recuerdan lo mucho que queda por hacer. Lo que no es habitual es que uno de los datos que más rotundamente nos sitúa en el furgón de cola provengan de la principal red profesional del mundo: LinkedIn.
El impacto en el mercado laboral de las nuevas tecnologías es indiscutible pero difícil de estimar. La OCDE acaba de publicar una nueva metodología que intenta arrojar luz sobre este análisis, pero los primeros resultados parecen más bien oscuros: el 11% de los trabajadores españoles está en alto riesgo de perder su empleo por un robot o una inteligencia artificial, un dato por encima de la media y que afecta especialmente a aquellos con menor nivel educativo.
España es la economía europea con la mayor tasa de paro y todo apunta a que va a seguir siendo así en 2023, ante las casi inexistentes oportunidades laborales que ofrece a los parados: apenas hay 5 vacantes por cada 100 de ellos, mientras países como Alemania ofrecen 133.
Los fijos discontinuos han pasado de ser el contrato estrella de la reforma laboral a convertirse en un auténtico quebradero de cabeza para el Servicio Público de Empleo Estatal, que el pasado mes de octubre se vio obligado a realizar una amplia revisión de los datos y no descarta más en los próximos meses. Pero, ¿por qué se están realizando estos ajustes?