En el último año las empresas españolas vienen afrontando un escenario inusitadamente complejo para la gestión de los recursos humanos. Las secuelas de la pandemia y una inflación disparada coinciden con un aumento de las dificultades para encontrar y retener trabajadores sin precedentes desde los años previos al estallido de la crisis financiera en 2008. Y esto obliga a apostar por fórmulas alternativas al salario convencional.
Cada trimestre, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) publica un catálogo de puestos de difícil cobertura. La lista, copada por marinos y deportistas, es un síntoma de hasta qué punto el caos y la desinformación en el control de las vacantes se ha convertido en norma en España mientras las empresas recurren a todo tipo de subterfugios para 'driblar' a la burocracia.
Mientras el Gobierno apura la negociación para la subida del Salario Mínimo Interprofesional para 2023, que sus expertos sitúan en una franja entre 1.046 y 1.082 euros al mes, un estudio publicado por la OCDE analiza el impacto de las subidas de este indicador. Pero teniendo en cuenta no solo el impacto en los trabajadores, sino también el coste para las empresas.
El Ejecutivo de Ursula von der Leyen acaba de anotarse un importante éxito con el acuerdo para dar luz verde a la directiva sobre transparencia salarial impulsada por la Comisión Europea. Sin embargo, su eficacia para cerrar la brecha de género real en los sueldos se verá muy limitada por la escasa presencia de mujeres en los puestos directivos y de mayor remuneración.
En un contexto sombrío bajo el impacto de la inflación y en el que el mercado laboral español empieza a mostrar síntomas de agotamiento, las empresas que prevén que la falta de mano de obra tendrá un impacto negativo en su actividad siguen aumentando y ya suponen el 34% del total, según el Banco de España.
El futuro del empleo pasa por la automatización. La manera en la que esta se produzca condicionará si esto se traduce en un aumento de la productividad y los empleos o en una destrucción masiva de puestos de Trabajo. Desde UGT, se posicionan claramente en el segundo escenario y han lanzado una serie de propuestas al Gobierno para garantizar las pensiones ante una próxima "catástrofe social y laboral".
La reforma laboral de 2021 triunfó allí donde la aprobada una década antes por el Gobierno del PP fracasó rotundamente: alcanzando un acuerdo que equilibraba las demandas de Bruselas y las de patronales y sindicatos. Este hito no fue posible sin que todas las partes aceptaran una serie de líneas rojas que, un año después, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no está dudando en traspasar.
Desde la entrada en vigor de la reforma laboral, el paro registrado se ha reducido en 224.525 personas. Una cifra equivalente al 51% del descenso es la que suman aquellos que salieron de esa lista, no por haber cambiado su situación laboral, sino por un trasvase estadístico: el SEPE los movió a la casilla de demandantes con relación laboral. En total, 114.789 personas.
La estrategia que está siguiendo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para modificar su propia reforma laboral que aprobó hace menos de un año, no solo ha hecho saltar por los aires el diálogo social, también amenaza con bloquear el pago de los fondos Next Gen por suponer un incumplimiento retroactivo de los compromisos con Bruselas.
El pasado mes de noviembre, 575.015 personas firmaron un contrato indefinido. Pero más de 40.000 tuvieron que hacerlo más de una vez. Suponen el 6,9%, una tasa sin precedentes que ilustra hasta qué punto la volatilidad del empleo estable se ha disparado tras la reforma laboral.