Cada trimestre, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) publica un catálogo de puestos de difícil cobertura. La lista, copada por marinos y deportistas, es un síntoma de hasta qué punto el caos y la desinformación en el control de las vacantes se ha convertido en norma en España mientras las empresas recurren a todo tipo de subterfugios para 'driblar' a la burocracia.
Este catálogo contiene las ocupaciones en las que los Servicios Públicos de Empleo autonómicos han encontrado dificultad para gestionar las ofertas de empleo que los empleadores les presentan cuando quieren cubrir puestos de trabajo vacantes.
La presencia de una ocupación en el catálogo de la zona geográfica de que se trate, implica, para el empleador, la "posibilidad de tramitar la autorización para residir y trabajar" dirigida a un profesional extranjero.
Este catálogo se publica desde hace dos décadas, con diferentes regulaciones, la última correspondiente a 2011. En ella, históricamente, se han recogido profesiones de todo tipo en ámbitos como la ingeniería, la tecnología, la sanidad o la educación. Pero en la última década la lista se ha ido restringido a solo veinte, que se reparten en dos grupos.
Dieciocho corresponden a profesiones relacionadas con la marina mercante (desde contramaestres y sobrecargos a frigoristas), que son aprobadas a propuesta de la Administración General del Estado. Otras dos corresponde al sector deportivo (deportistas de élite y entrenadores), y vienen avaladas por la secretaría de Estado del Deporte.
Este estatismo en las demandas de las empresas resulta sorprendente: la lista se mantuvo en el primer y el segundo trimestre de 2020, en mitad de los confinamientos de la pandemia, con esas actividades afectadas por las restricciones y con los desplazamientos internacionales paralizados. Ni siquiera refleja las recientes modificaciones del Reglamento de Extranjería que regula precisamente la "constataciones en origen" de trabajadores foráneos.
En Madrid hay playa para el SEPE
Las dos ocupaciones deportivas aparecen en todas las provincias. La lista completa, incluyendo a las profesiones marineras, deberían aparecer solo en las provincias costeras. Sin embargo, no es así: también se recoge en Lleida y Madrid, que carecen de mar.
Este estatismo contrata con los perfiles de la oferta de empleo que cada año publica el SEPE, un análisis de 17 puestos de alta demanda con el objeto de aportar claves a los desempleados en su búsqueda de empleo. Cada año son diferentes y no coinciden con los del catálogo de puestos de difícil cobertura.
No es de extrañar que la elaboración de este catálogo sea motivo de disputa entre los interlocutores sociales y el Gobierno tanto en la Comisión Ejecutivo del SEPE, en la que participan los interlocutores sociales.
La disputa se centra en que el catálogo ha perdido su sentido y utilidad en su regulación actual y que ha llevado a las demandas sean utilizadas por muchas empresas para 'sortear' la burocracia del SEPE y poder acceder al certificado que permiten la contratación de extranjeros en origen.
La duda razonable que persiste es si esas contrataciones responden realmente al puesto demandado o es un subterfugio para engañar a la administración y al SEPE. Fuentes del diálogo social en el seno del SEPE apuntan a que esto se produce.
La Ley de Empleo no lo resuelve
Paradójicamente son los representantes de la patronal los que más insisten en la necesidad de esta reforma para reducir la "burocracia vacía", eliminar la picaresca y ofrecer un análisis claro y sin distorsiones de las necesidades reales del tejido productivo nacional.
Los sindicatos, no consideran necesaria esta revisión, sino aplicar "con mayor rigor" la ley. En cualquier caso, un cambio obligaría a una nueva revisión de la Ley de Extranjería, una cuestión competencia del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La polémica se produce en mitad de la reforma de la Ley de Empleo, que promete reformar el SEPE para garantizar que registra todas las vacantes de empleo de las empresas. Pero el alcance de esta obligación es motivo de muchas dudas.
El Partido Popular y PDCat han pedido que la Ley ciña esta obligación se dirige a las empresas que colaboren con el SEPE, entre ellas las que contactan con el organismo para pedir profesionales para estos puestos de difícil cobertura, para no interferir con la "libertad" para contratar.
La patronal apoya esta propuesta, aunque el argumento es diferente: argumentan que si se hace de forma general para todas las empresas, nada cambiará. Según ellos, no es creíble que los servicios públicos puedan gestionar este volumen de datos si ni siquiera son capaces, actualmente, de analizar la información de las empresas que contactan con el organismo. La prueba estaría en lo que ocurre con el catálogo de difícil cobertura.
Sin embargo, la Ley de Empleo sale del Congreso sin cambios en este apartado, y convertida en un vehículo para cuestiones ajenas al SEPE, como la introducción del control de la inspección de las causas del despido colectivo. El temor es que esto se deje para un desarrollo reglamentario posterior que no lleve a cambios reales que contribuyan a mejorar la tasa de colocación de parados de los servicios públicos de empleo.
