Mientras el Gobierno apura la negociación para la subida del Salario Mínimo Interprofesional para 2023, que sus expertos sitúan en una franja entre 1.046 y 1.082 euros al mes, un estudio publicado por la OCDE analiza el impacto de las subidas de este indicador. Pero teniendo en cuenta no solo el impacto en los trabajadores, sino también el coste para las empresas.
El estudio valora el efecto positivo de incrementar salarios mínimos en un momento en el que "la inflación ha alcanzado niveles no vistos en las últimas cuatro décadas, afectando desproporcionadamente a los hogares más pobres". Aunque incide en que su evolución presenta dificultades para seguir el ritmo de la inflación.
Algo que ha ocurrido en todos los países analizados, incluida España, donde la subida del 5,2% SMI nominal en 2022 no ha impedido la caída del real (que recoge la evolución disparada del IPC). Por ello, en línea con la reciente directiva europea de Salarios Mínimos, la organización destaca la importancia de que las cantidades se ajusten periódicamente. Sin embargo recuerda que también existen otras vías para modular la pérdida de poder adquisitivo.
La primera pasa por la negociación colectiva, tanto entre empresas y trabajadores, como en el marco del diálogo social con el Gobierno a través de un 'pacto de rentas', para encontrar soluciones que reparta "equitativamente" el coste de la inflación y eviten "una espiral de precios y salarios". Por ejemplo, incluyendo los beneficios no salariales.
Estas recomendaciones no son una novedad en el discuso de la organización. Pero el informe añade un factor a tener en cuenta: la "coordinación eficaz" de los ajustes del salario mínimo con las demás disposiciones fiscales y de prestaciones, incluidas las medidas extraordinarias adoptadas para amortiguar el efecto de la crisis.
Ello es clave para que el aumento del SMI se traduzca en un aumento del salario neto, pero también para limitar el aumento de los costes laborales para los empresarios.
Por ello, la OCDE propone no limitarse a analizar el SMI como un porcentaje del salario medio o mediano. Si se usa este indicador, el salario mínimo en España equivale al 50% del mediano, un porcentaje por debajo de la media de la OCDE (aunque los cálculos del organismo se elaboran de manera diferente a los que utiliza el Gobierno, basados en la Carta Social Europea).
España, en las antípodas de Francia
"Los impuestos y otros costes laborales obligatorios no salariales también aumentan el coste de emplear a trabajadores con el salario mínimo", advierte la OCDE que señala que para reducir la factura para los empresarios "y el riesgo de pérdidas de empleo", algunos países han introducido reducciones considerables en las cotizaciones empresariales.
El caso más notable es el de Francia: desde 1995, las cotizaciones a la Seguridad Social que pagan los empresarios por los trabajadores con salario mínimo se han reducido repetidamente y ahora se encuentran entre las más bajas de la OCDE.
Pero si, como propone la OCDE, se analiza el coste laboral del SMI, comparado con el derivado del salario medio, la cosa cambia. El nivel de España se sitúa por encima de la OCDE, y por encima de la grandes se economías europeas, no solo como Francia, Alemania e Italia, al nivel de Grecia o Portugal.
De hecho, el informe afirma que nuestro país, es junto a Eslovenia, Estados Unidos y México, en los que la cuña fiscal (la carga que añaden las cotizaciones y los impuestos) son proporcionalmente mayores para los trabajadores que perciben el SMI que para los que perciben el salario medio.
Un impacto que lastra a los empleadores
Pero esta desproporción fiscal repercute más en las empresas que en los trabajadores. La ratio entre sus ingresos netos y la de los hogares que perciben un salario mediano también supera la media de la OCDE, superando incluso a países con más ayudas sociales para los trabajadores con rentas bajas.
Una subida del 5%, por ejemplo, se traduce casi por completo en el incremento de los ingresos, aunque solo sea porque el trabajador no recibía prácticamente beneficios sociales que se vean recortados por el aumento del nivel de renta que conlleva la subida del salario mínimo.
Como ocurre con otras medidas, como el Ingreso Mínimo Vital, estos resultados ponen en cuestión el impacto real de estas decisiones, de carácter social, sobre el empleo.
En este sentido, no es la subida del SMI por sí misma, sino su incremento sin contemplar un ajuste de las cargas fiscales lo que amenaza con convertirse en un elemento que desincentive la contratación, aunque el Gobierno español no parece tener en cuenta las advertencias al respecto.
