El Gobierno ha remarcado en las últimas semanas su objetivo de que el salario mínimo interprofesional llegue al 60% del sueldo medio en 2023. Pero conseguirlo va a ser más difícil de lo que parece, a medida que cada vez más datos apuntan a que la evolución de la economía y el empleo han dejado desfasada la hoja de ruta planteada hace un año para alcanzar este objetivo.
El grupo de expertos que, a petición de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, diseñaron la fórmula y publicaron la primera estimación de cómo deberían encadenarse estas subidas, volverá a reunirse en septiembre para revisar la senda para ajustarla a la evolución real de los salarios.
Algo que tanto la vicepresidente segunda y su número dos, Joaquín Pérez Rey, han admitido que esta actualización es necesario para cumplir su objetivo de Legislatura, algo para lo que, a diferencia de lo ocurrido en 2021, cuenta con el respaldo explícito de los ministros del PSOE.
Aunque no está nada claro que el consenso se mantenga a la hora de fijar el importe de dicha subida, que también afecta a la negociación del pacto del rentas impulsada por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
Y es que la hoja de ruta planteaba inicialmente, que el salario mínimo debería llegara a un máximo de 1.049 euros en 2023 para alcanzar su objetivo en el próximo ejercicio. El Gobierno utilizó ya esta estimación para avalar las subidas de 2021 y 2022 que aprobó sin acuerdo con la patronal. Pero cada vez más indicadores apuntan a que esas cifras eran ya papel mojado.
Uno de los datos más llamativos que apuntan en eta dirección está en la estadística de salarios mínimos publicada por la Oficina Europea de Estadísticas (Eurostat). El organismo revela que la proporción entre el SMI mensual y los ingresos brutos medios retrocedió tres puntos en 2021, pasando del 53,2% al 50,3%.
Este dato se calcula sobre el promedio anual de los datos trimestrales de salarios medios de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales. Ello explica que el porcentaje de relación sea menor que si se compara con la Encuesta Anual de Estructura Salarial, sobre la que pivota la fórmula de los expertos y las estimaciones del Gobierno.
Pero ello no significa que los datos no sean dignos de tener en cuenta. Y es que se trata del primer retroceso desde 2015 y el más intenso de la serie histórica que arranca en 2008.
Además, ha llevado a España a perder dos puestos en el ránking europeo. Si en 2019 ocupaba el segundo puesto tras Estonia, en 2021 bajó al quinto tras verse superado también por Portugal, Polonia y Malta.
Falta de datos actualizados
Los datos de Eurostat se suman a la evolución de otras variables como los datos de la Agencia Tributaria, los costes laborales y de los convenios colectivos que también revelan que la senda se ha visto superada por los acontecimientos.
Aunque la prueba más clara está en la propia Encuesta Anual de Estructura Salarial, que en España se publica con dos años de decalaje. Es decir, que se utilizó una estimación de 2019 que quedó completamente rebasada cuando hace unas semanas se conocieron los datos de 2020, que arrojan una subida del salario medio del 3,2%.
Pero esto no es un error de los expertos. Ellos mismos advirtieron este riesgo de desfase ante la carencia de datos actualizados sobre la evolución de los salarios y señalaron que las cifras deberían actualizarse periódicamente.
Que la desviación se produjera ya en 2021 revela lo acertado de su advertencia. Y también que esta que no se debe a la inflación y su presión sobre los salarios, como sostiene Díaz. Un factor influyente sería que las subidas anteriores del SMI –del 22,3% en 2019 y del 5,5% en 2020– tuvieron también un efecto de 'retroalimentación', que explicaría que hace dos años el salario medio superara los 2.000 euros.
Bruselas, pendiente de la subida
Aunque la estadística de Eurostat es obviada por el Gobierno, cobra especial importancia porque son los que miran la Comisión y el Banco Central Europeo para analizar la evolución de los salarios.
En este sentido, entenderían que un retroceso en 2021 eleva la presión sobre dentro del Gobierno español para aplicar incrementos aún mayores en los ejercicios siguientes.
Precisamente el organismo que dirige Christine Lagarde ha utilizado el ejemplo de España a la hora de hablar del potencial impacto de las subidas del salario mínimo en los 'efectos de segunda ronda' sobre la inflación.
Tras la de febrero de 2022, España se mantiene como el séptimo país europeo con un SMI más alto, entre los que cuentan con uno, con 1.116 euros mensuales. Pero es el que segundo que más lo ha incrementado desde 2018, en 341 euros. Nos supera solo Lituania, que alcanzó los 730 euros mensuales en 2021.
