Después del verano volverá a abrirse el melón del pacto de rentas. Las negociaciones no llegaron a buen puerto en el primer intento de acordar un pacto salarial y la mesa se cerró sin acuerdo. Dos meses después se ha retomado el contacto aunque el grueso de la negociación no será hasta después del verano y, de momento, la diferencias insalvables entre patronal y sindicatos parecen mantenerse.
El primer acercamiento fue ayer y el Gobierno planteó a los agentes sociales un pacto de rentas hasta 2025 que recoja una moderación de rentas salariales y empresariales para hacer frente a la escalada inflacionista.
La propuesta del Gobierno busca evitar la espiral precios-salarios y no perjudicar el avance de la economía y del empleo. O dicho de otra manera, mantener alejados los efectos de segunda ronda que se dan cuando las empresas trasladan los precios al consumidor final y cuando las subidas salariales no tienen en cuenta la productividad.
El planteamiento del Ejecutivo insta también a que la siguiente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pueda ser parte de este pacto de rentas. El objetivo del Gobierno es que alcance el 60% del salario medio antes de que finalice la legislatura.
La cláusula de garantía salarial sigue siendo el principal escollo
El contexto planteado por el Gobierno no es del todo compartido por las partes. Esta mañana, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, insistía en que el principal escollo para un acuerdo sigue siendo la cláusula de garantía salarial que ligue los sueldos al IPC. Esta es una línea roja de la propuesta sindical para el pacto de rentas, pero la patronal la rechaza en rotundo pese a que el sindicato la ha "flexibilizado", ha dicho Álvarez.
La otra condición es el control sobre los beneficios empresariales. Aquí es donde el planteamiento de Calviño choca con el de los representantes de los trabajadores. En declaraciones a los medios esta mañana, Álvarez ha señalado que las empresas sí están trasladando los costes a los productos que fabrican o a los servicios que venden: "Nadie puede pretender que los trabajadores no traslademos a los salarios el coste de la vida o que no se traslade al aumento de las pensiones".
Desde UGT ven complicado controlar los beneficios empresariales pero de cara a la cita de después de verano, para la que aún no hay fecha, han instado al Gobierno a "poner encima de la mesa cómo va a controlar esos beneficios" si quieren un pacto de rentas. Proponen desde medidas fiscales hasta destinar parte de los dividendos a la mejora de las propias empresas.
La patronal también se abre a volver a intentar el acuerdo pero sus condiciones chocan de lleno con las sindicales.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha mostrado a favor de un "acuerdo de país" si se incluyen las pensiones y sueldos públicos porque "no sólo afecta al empleo privado [...] hay que hablar de funcionarios, de impuestos, qué pasa con las pensiones...". Y se rechaza la idea de indexar salarios a la inflación en línea con la hoja de ruta que defienden el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de España.
"Estamos abiertos al diálogo y seguimos hablando, pero cuando la postura de los sindicatos es la que es, indexar los salarios a la inflación, con el apoyo de la ministra de Empleo, sabemos que es un error", ha insistido Garamendi.
Sobre la propuesta de incluir la negociación del SMI en la mesa del pacto de rentas, no ha gustado a Garamendi: "Es una facultad del Gobierno, no un tema de acuerdos", ha zanjado.
