Hace casi una década que el despacho fundado por el abogado y consultor Carlos Lacaci, al que posteriormente se unió la procesalista de trayectoria internacional Adriana Delgado, resuelve litigios y asesora en todas las ramas del Derecho. El reciente estado de alarma ha sido la mayor prueba de fuego para este consolidado bufete cuyos representantes departen con elEconomista para trasladar sus reflexiones sobre la cicatriz que la pandemia del coronavirus Covid-19 ha dejado en el día a día judicial de nuestro país.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comienza hoy una gira europea en la que tratará de rebajar la dureza que el bloque del Norte quiere asociar al fondo de recuperación europeo, del que España e Italia serán las mayores beneficiarias.

La derrota de Nadia Calviño en su carrera por la Presidencia del Eurogrupo, puesto para el que ha sido elegido su rival irlandés, Paschal Donohoe, depara un nuevo escenario político en España en el que toma fuerza el ala podemita del Gobierno, contenida hasta ahora por la ortodoxia presupuestaria de la vicepresidenta económica, que en numerosas ocasiones se ha impuesto a las aspiraciones de Unidas Podemos. Especialmente relevante es el horizonte en materia tributaria: al no estar Calviño al frente de los ministros de Economía del euro y no tener España que desarrollar la tarea ejemplarizante en materia fiscal que se supone para ese puesto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene vía libre para abordar las subidas fiscales que pretende abordar pese al rechazo europeo.

La primera ronda de contacto en la Mesa de Diálogo Social para negociar las condiciones del teletrabajo ha llevado al traste los planes previos de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La patronal tumbó el anteproyecto en el que se está trabajando de puertas del ministerio para adentro, entre otros motivos, por la rigidez que se presenta para el empresario en la asunción de costes generados por el empleado en el teletrabajo. De hecho, este parece será el caballo de batalla e una negociación que irremediablemente se prolongará más allá de verano. De entrada, en esta primera toma de contacto, hasta los propios sindicatos han criticado la uniteralidad del anteproyecto de ley abordado por el Ministerio de Trabajo. Así, tanto patronal como sindicatos han acordado enviar alegaciones al gabinete de Yolanda Díaz, que el posteriormente serán incluidas en una nueva redacción del documento, tumbando de facto el texto previo, ya que según el Ejecutivo se reformulará recogiendo las demandas de los agentes sociales."Tras la reunión mantenida este miércoles con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, CEOE y Cepyme consideramos que el Anteproyecto de Ley de Trabajo a Distancia sometido por el Ministerio de Trabajo a información pública se ha concebido al margen del diálogo social orillando la necesaria implicación y participación de los interlocutores sociales en la vida económica y social del país", lamentaba la patronal asegurando que el resultado es un texto desequilibrado, de enfoque errático, apartado de la realidad del tejido productivo y de las necesidades de empresas y trabajadores, que lejos de fomentar con garantías la utilización de esta forma de organización del trabajo podría desincentivar su implantación en España y ralentizar su consolidación. "A consecuencia de ello, es un enfoque que no aporta la confianza y la seguridad necesarias para generar inversiones y empleo", sentenciaban desde la CEOE tras la reunión.Lo que sí parece haberse despejado en esta primera toma de contacto es la empresa deberá atender a ciertos costes generados por el empleado a distancia, después de que la CEOE se haya ceñido al acuerdo europeo que firmaron sindicatos y empresarios europeos en 2002, en el que se contemplaba que los gastos los deben asumir las empresas. "Por lo tanto, no tendrían que poner mucha pega porque ellos han puesto en valor ese acuerdo y suponemos que han puesto en valor todo el acuerdo y no sólo de una parte", aseguró la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, al término de la reunión tripartita celebrada este miércoles. Si bien, cabe recordar que la norma no detalla el mecanismo con el que deberán cuantificarse esos gastos ni la forma de compensación sino que emplaza a fijarlo en el marco de la negociación colectiva.