Economía

Lacaci&Delgado: "Las sanciones impuestas durante el confinamiento no son exigibles desde el 21 de junio"

  • Lacaci&Delgado resuelve litigios y asesora en todas las ramas del Derecho
Adriana Delgado y Carlos Lacaci, socios de Lacaci&Delgado Abogados. Nacho Martín
Madrid

Hace casi una década que el despacho fundado por el abogado y consultor Carlos Lacaci, al que posteriormente se unió la procesalista de trayectoria internacional Adriana Delgado, resuelve litigios y asesora en todas las ramas del Derecho. El reciente estado de alarma ha sido la mayor prueba de fuego para este consolidado bufete cuyos representantes departen con elEconomista para trasladar sus reflexiones sobre la cicatriz que la pandemia del coronavirus Covid-19 ha dejado en el día a día judicial de nuestro país.

¿Qué tipo de consultas jurídicas desató el estado de alarma y el correlativo confinamiento?

A raíz del estado de alarma y con el confinamiento hubo áreas que se paralizaron totalmente. Todo lo que tiene que ver con el tráfico jurídico patrimonial y económico cayó en picado. No así en el ámbito procesal: delitos de desobediencia, muchos temas de familia. Prácticamente la actividad judicial se ha visto suspendida, salvo en temas muy urgentes de índole penal. La actividad ha estado, según estimamos, en un 30% en el mejor de los casos.

Tras la desescalada, ¿ha cambiado el tipo de consultas que reciben?

Proliferan las relativas a arrendamientos. Había muchas dudas sobre plazos, quién pagaba la renta, sobre su condonación. También las de divorcios, casos de violencia familiar, sobre régimen de visitas. En muchos casos no ha habido criterios unánimes, y los decretos debían ser interpretados. Lo cierto es que la actividad judicial está reactivándose más rápido de lo previsto. Los funcionarios está dando la talla, pese a que la Administración de Justicia necesita más medios, algo que viene de atrás: no es por el Covid.

Adriana Delgado: "Ha habido mucha inseguridad jurídica, falta de criterios unánimes y medidas contradictorias"

Se preveía un colapso en materia de concursos de acreedores...

Ojalá esto no suceda, porque es un fiel termómetro de la situación económica. Hay muchos Ertes sobre los que aún la empresa desconoce el desenlace, lo que genera inseguridad jurídica. Si les dan pulmón a los Ertes hasta diciembre, los empresarios lucharán, pero si la actividad no retoma los niveles prepandemia y los Ertes no se extienden a diciembre muchas empresas van a verse abocadas si no a un concurso de acreedores a hacer despidos o ERE.

¿Qué problemas se encuentran con los Ertes y los ceses de autónomos?

Uno es la tardanza en el cobro, que ha afectado a muchos trabajadores, más de los que se ha dicho. No es de recibo que a 30 de junio muchos afectados aún no hubieran cobrado. Las empresas han padecido inseguridad jurídica, han asistido a distintas actuaciones de la autoridad laboral en función del territorio de sus sucursales, no todos los expedientes se validaban como de fuerza mayor. A la Administración, al Gobierno, le ha faltado proporcionalidad y sensibilidad con los Ertes que ha dejado por el camino.

¿Cómo valoran la prohibición de despedir durante seis meses?

Se ha legislado mediante un decreto algo que contradice una norma superior: el Estatuto de los Trabajadores. Esa prohibición es una piedra en el camino de las empresas que no quieren despedir, sino sobrevivir. Pero el Gobierno no puede prohibir el despido, sería inconstitucional. El despido es libre en España, con su causa y su indemnización, así que lo que lo que hace es encarecer las indemnizaciones (de un objetivo, con 20 días por año, a improcedente, con 33 días por año), y el empresario además tiene que devolver las ayudas de la Seguridad Social, lo que en muchos casos va a suponer tener que echar el cierre definitivo. Es una medida contraproducente que no viene a salvar la economía.

Han mencionado una percepción de inseguridad jurídica por parte del empresariado, ¿en qué sentido?

La inseguridad jurídica ha sido tremenda. Se han publicado decretos que incluso pueden ser inconstitucionales. Un día unas medidas y al siguiente, otras contradictorias. Mientras se constituía una renta mínima, que no dudamos que sea necesaria, se dejaba que muchos gastos cargaran sobre las espaldas de pequeños empresarios, autónomos, arrendadores. Se ha cargado sobre pequeños empresarios y autónomos lo que el Gobierno debería haber resuelto con ayudas directas.

¿Constatan que la actividad económica se recupera al ralentí?

Algunos sectores, como la hostelería, automóvil, turismo y el comercio, se recuperan muy poco a poco.

Calos Lacaci: "Se ha cargado en autónomos y pymes  lo que el Gobierno debió resolver con ayudas directas"

¿Se avecina un aluvión de litigios?

Sí. Y es a causa de la hipertrofia legislativa que deparó el estado de alarma, por haber querido el Gobierno regular en demasía cosas que nada tenían que ver con la contención de un problema sanitario.

¿Qué sucede ahora con las sanciones durante el confinamiento?

Hay más de un millón de propuestas de sanciones administrativas, pero lo que deben saber los afectados es que una vez concluido el estado de alarma, el pasado 21 de junio, han decaído. No se creó un proceso sancionador específico, sino una graduación de multas. Los sancionados pueden recurrir alegando el artículo 1.3 de la Ley 4/81 que tipifica el fin de la eficacia de esas sanciones.

¿En qué acabará la polémica sobre las residencias de mayores?

Es uno de los temas más gruesos de todo lo que ha sucedido. Se abren varias vías, una es la administrativa, de la que se puede derivar responsabilidad patrimonial si ha habido dejación de funciones por no haber dado los EPI a tiempo, por no haber hecho las pruebas del Covid. Se trataría de una responsabilidad patrimonial, estaríamos hablando de la Administración del Estado, del Gobierno de la nación, que es quien se arrogó las prerrogativas que por el estado de alarma disponía para gestionar las residencias. Luego habrá que ver si en las autonomías hay también responsabilidades que deban depurarse. La Fiscalía está investigando causas. Después de la administrativa y subsiguiente patrimonial, está la vía más dura, que es la penal, que es mucho más difícil de acreditar y de atribuir a una persona concreta, máxime cuando estamos hablando de una pandemia mundial. Pero una eventual responsabilidad en cualquier caso será del Estado, del mando único que llevó el timón del estado de alarma.

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