La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advierte que una vez se cumpla la vigencia de los Erte se perderán 1,2 millones de empleos hasta finales de año y reprocha al Gobierno no proponer una "salida razonable" a las empresas más vulnerables, especialmente a las que basan su negocio en el turismo. En Directo | Evolución de la pandemia.
El pronóstico aparece en el cuarto boletín de Fedea sobre el impacto del covid-19 en la economía publicado este miércoles en el que analizan las últimas medidas adoptadas por el Gobierno.
Con los datos disponibles, y si no se produjera un empeoramiento de la situación en otoño, la desviación estaría en torno a 1,25 millones de empleos que se destruirían desde ahora hasta finales de año. Según indica la fundación, la desviación de la senda del crecimiento del empleo dependerá sobre todo de cómo evolucionen las reincorporaciones de trabajadores protegidos por Erte.
Desde Fedea recuerdan que gran parte de las empresas que siguen con en Erte basan su actividad en áreas que tienden a tener un comportamiento negativo del empleo en la segunda mitad del año (esencialmente en el turismo), por lo que el riesgo de ajuste a partir del 30 de septiembre, cuando finaliza la vigencia de los Erte, es preocupante. "Volver a situarnos en la senda de empleo que abandonamos en marzo del 2020, resultará especialmente complicado por las características de los sectores y el tipo de trabajadores más afectados", apunta el documento realizado por los economistas Florentino Felgueroso, Angel de la Fuente y Marcel Jansen.
Según Fedea, la prórroga, aunque valorable, se quedará corta y lamenta que no se haya apostado por una estrategia más a largo plazo "y que recogiese explícitamente la posibilidad de desafectar y reafectar trabajadores a estos expedientes en función de la evolución de la actividad de cada empresa".
El principal problema para Fedea es que quizás "el Gobierno sigue sin dar una salida razonable a las empresas cuya situación económica o perspectivas futuras se han deteriorado de tal manera que la reincorporación de toda su plantilla no resulta viable".
Además, en la nueva etapa de reactivación económica, Fedea llama a reajustar las políticas públicas para ir "reduciendo gradualmente las medidas extraordinarias de protección a trabajadores y empresas a la vez que se introducen estímulos que contribuyan a la vuelta a la actividad".
En este punto, los autores remarcan que hay una batería de indicadores que muestran "de forma cada vez más clara" los efectos de la pandemia sobre las cuentas públicas, "registrándose una fuerte caída de la recaudación tributaria y un significativo aumento del gasto".
Sin embargo, El estudio indica que comienza a observarse una cierta recuperación de la actividad y el empleo, aunque manteniéndose todavía en niveles extremadamente bajos. Según recoge, la "tasa de paro efectiva", que incluye el paro registrado, los trabajadores afectados por Erte y los beneficiarios de la prestación extraordinaria por cese de actividad, se ha reducido en cinco puntos para alcanzar el 31% al cierre de junio, que el número de contratos creció en junio un 36% y que el gasto final de los consumidores por medios electrónicos, que llegó a caer un 60% hacia mediados de abril, ha regresado a la normalidad a finales de junio.
"El objetivo general tendría que ser evitar la desaparición de las empresas que sean viables"
Por otro lado, Fedea aplaude el fondo de apoyo a la solvencia que permitirá tomar participaciones públicas de carácter temporal en empresas consideradas estratégicas y los avales del ICO pero duda de que en las nuevas líneas de avales haya que dar prioridad a proyectos de digitalización y energías renovables, "que podrían financiarse en condiciones de mercado o con fondos europeos".
También aboga por preparar cuanto antes proyectos de calidad que sean financieramente rentables para captar los fondos de la UE así como por adaptar las líneas de financiación ya existentes a las diferentes necesidades de los sectores: "El objetivo general tendría que ser evitar la desaparición de las empresas que sean viables y acometer una liquidación ordenada de las que no lo sean", recomienda al deslizar la posibilidad de quitas en los préstamos con garantías públicas al sector privado o de establecer mecanismos concursales especiales que permitan una reestructuración rápida de la deuda.
