El incremento de la recaudación por impuestos, debido en gran parte a la alta inflación, no sólo permitirá sufragar por completo el plan anti-crisis del Gobierno (valorado en 30.000 millones por el presidente Sánchez). Además, una vez descontados los recursos que esa iniciativa absorberá, quedará aún disponible un sobrante de 15.000 millones destinado a las arcas públicas.

El problema de la pérdida de riqueza que sufren los españoles está muy lejos de limitarse a los daños que provocan los altos precios actuales. El empobrecimiento se remonta en el tiempo más allá de la actual crisis, e incluso de la provocada por el coronavirus. Lo demuestran lo datos más recientes de Eurostat, al revelar que España es el país en el que más ha descendido el PIB real (del que se excluyen los efectos coyunturales de la inflación) por habitante, coincidiendo con el periodo de Gobierno del presidente Pedro Sánchez.

Los rumores que han circulado insistentemente durante todo el verano, sobre el creciente distanciamiento entre el Gobierno y la clase empresarial, se han confirmado. Hasta el punto de que el tradicional acto de inicio del curso político que Moncloa organiza todos los años no contará en esta ocasión con ningún representante del Ibex 35.

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) más reciente, relativa al segundo trimestre de 2022, muestran que las comunidades autónomas siguen tomándose con calma la racionalización de las plantillas de su Administración pública, pese al impulso que han experimentado en los últimos años. Aun cuando se ha producido una cierta reducción respecto al primer trimestre de este año, lo cierto es que el número de funcionarios y personal asalariado se sitúa en 2,03 millones de personas, un 15% por encima de los 1,7 millones de promedio que mostraba antes del estallido de la pandemia.

El proyecto de firmar un Pacto de Rentas para combatir los efectos de la alta inflación vuelve a ponerse sobre la mesa, tal y como ya hizo el Gobierno en el primer trimestre de este año. Ahora, sin embargo, hay una diferencia clave dado que las partes implicadas en la negociación ven "más posibilidades" de que el acuerdo para limitar sueldos y beneficios empresariales llegue a buen puerto. La causa estriba en la mayor receptividad de los sindicatos a dejar a un lado las subidas salariales cuantiosas e inmediatas y abogar por diferirlas en un plazo de tres años.