Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) más reciente, relativa al segundo trimestre de 2022, muestran que las comunidades autónomas siguen tomándose con calma la racionalización de las plantillas de su Administración pública, pese al impulso que han experimentado en los últimos años.
Aun cuando se ha producido una cierta reducción respecto al primer trimestre de este año, lo cierto es que el número de funcionarios y personal asalariado se sitúa en 2,03 millones de personas, un 15% por encima de los 1,7 millones de promedio que mostraba antes del estallido de la pandemia.
De este modo, las autonomías continúan rebasando holgadamente la cota de los dos millones de asalariados en sus Administraciones, un hito que se logró en 2021 y del que no hay precedentes en la serie histórica del Instituto Nacional de Estadística, iniciada hace dos décadas.
El avance del 15% en el tamaño de las plantillas no se da en ningún otro ámbito del sector público en ese mismo periodo. Incluso en la Administración central se observa un leve retroceso, del 2%, en sus efectivos. Ante esta comparación, resulta inevitable argumentar que las autonomías soportan la mayor parte de los servicios sanitarios y, por tanto, resultaría lógico pensar que el incremento de sus plantillas lo debe todo a la lucha contra la epidemia.
Ahora bien, existen otros datos que demuestran que la realidad es más compleja. Las cifras de la Intervención General del Estado, relativas al cierre del pasado año, muestran cómo la masa salarial ha crecido casi un 7% en el caso de los profesionales que trabajan en servicios sanitarios autonómicos, pero hay incrementos muy semejantes, del 5%, en otras áreas no relacionadas con la salud. Es el caso de los llamados Servicios Generales, en los que se incluye a los cargos de carácter político.
Además, debe tenerse en cuenta que el actual auge de las nóminas de asalariados públicos de las regiones no es un fenómeno nuevo que la pandemia haya traído consigo. Muy al contrario, se trata de una tendencia que muestra una llamativa resistencia a las crisis económicas, sin importar la virulencia de estas últimas.
El ejemplo de 2008-2013
Especialmente intensas fueron las turbulencias desencadenadas entre 2008 y 2013; sin embargo, el número de efectivos públicos de las regiones españolas no sólo mantuvo el tipo en ese periodo, sino que en 2013 mostraba un incremento del 2% con respecto a las cotas que le eran propias en los años en que España crecía sistemáticamente a tasas en torno al 4%.
Pero la mejor prueba de que estamos ante una tendencia persistente, y no frente a una excepción que la pandemia fomentó, se encuentra en el gasto consolidado que varios Presupuestos Generales autonómicos arrastran desde hace años.
Como resultado de esa herencia, que las Cuentas de cada año perpetúan, hay ya cinco autonomías (Castilla La Mancha, Extremadura, Murcia, Andalucía y Aragón) que tienen que destinar anualmente el 50% de esos recursos presupuestados al abono de nóminas públicas.
En términos absolutos, son casi 92.000 millones los que el conjunto de los Gobiernos autonómicos destinan a sueldos del personal de su Administración, lo que en términos relativos supone más de diez puntos porcentuales por encima del nivel propio de 2019.
Es también llamativa la importancia que en determinados territorios ejerce la función pública a la hora de ofrecer una salida laboral a sus habitantes, como ocurre especialmente en la llamada España vacía.
Así, en Castilla y León dos de cada diez personas trabajan en la Administración pública incluyendo en este cómputo, además de los puestos del Gobierno y los organismos autonómicos, los que corresponden al Estado y de los municipios y las diputaciones.
