Gerardo Cuerva (Granada, 1971) recibe a elEconomista.es en su despacho de Cepyme, tras la actualización del salario mínimo un 8% para 2023. El líder patronal desde 2019 está preocupado por la posición que está tomando el Gobierno con las empresas y las medidas preocupantes que aplica y que tendrán efecto sobre toda la economía.
El Gobierno ha dado un viraje de 180 grados en sus relaciones con la patronal una vez que sacó adelante la última reforma laboral y el mecanismo para revalorizar las pensiones ligado al IPC. En el año transcurrido desde que consiguió el apoyo de los empresarios para esas dos medidas, el Ejecutivo ha optado por restringir su comunicación con ellos hasta el punto de que ahora es prácticamente inexistente, según reconocen a elEconomista.es fuentes de la directiva de CEOE.
Los últimos años han supuesto un desafío sin precedentes para las finanzas públicas europeas, especialmente en lo que concierne al endeudamiento de las Administraciones. Desde 2019 a 2021, los datos de Eurostat muestran cómo el pasivo crece a dos dígitos (medido en diferencia por puntos porcentuales) en varias de las principales economías de la Unión Monetaria (con la única excepción de Irlanda). Sin embargo, solamente en el caso español ese avance supera los 20 puntos porcentuales. Como resultado dicha variable terminó el pasado ejercicio en el 118,3% del PIB, un nivel récord pese a haber experimentado un leve retroceso con respecto a 2020.
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023 incluye la actualización de los coeficientes máximos que se aplican al cálculo del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal. En algunos casos, el incremento para el contribuyente podría llegar al 50% a partir del próximo mes de enero para inmuebles adquiridos entre 2012 y 2015.
Es ya bien conocido que España constituye una rara avis al mantener en vigor el Impuesto de Patrimonio, puesto que en toda Europa ya solo existe en Suiza, Noruega y, parcialmente en Luxemburgo. Ahora bien, en nuestro país la aplicación de tan anacrónico tributo presenta igualmente diferencias con respecto a las tres economías citadas. No en vano el caso español es el único en el que, junto a Patrimonio, se castiga también la riqueza a través de un muy elevado tipo máximo del IRPF y mediante la tributación de las rentas de capital (recientemente incrementada por el Gobierno).
El volumen de gasto social que el Gobierno liberará en 2023 no sólo resulta histórico en términos globales, al acumular un monto nunca antes visto en España de casi 270.000 millones. Más interesante aún resulta analizar el desglose al detalle de su impacto, en términos de millones de personas, que el Ejecutivo espera para el año que viene. Son, según sus propios cálculos, más de 17 millones de individuos los que el año próximo tendrán un claro denominador común: la posibilidad de que les beneficie una (o varias a la vez) de las medidas que Moncloa clasifica como propias de la "justicia social".
La recaudación fiscal prevista por el Gobierno para 2023 mostrará una fortaleza inaudita en un año en el que el PIB está abocado a una intensa desaceleración. En concreto, los ingresos tributarios crecerán a un promedio del 7,67% interanual (con un alza idéntica en el caso específico de Sociedades y con picos superiores al 8% en los tributos especiales), pese a que la economía desacelerará hasta el 2,1%, desde el 4,4% propio de 2022.
Al igual que ha ocurrido en los dos últimos años, la Ley de Vivienda ha estado una vez más en el centro del pulso que Unidas Podemos plantea al Gobierno para dar su apoyo a unos Presupuestos Generales del Estado. Esta vez, la diferencia radica en que la norma no es un mero boceto; muy al contrario está ya tramitándose en el Congreso. Sin embargo, el bloqueo que aún sufre en la Cámara Baja, en gran parte debido a las numerosas enmiendas (casi 60) planteadas por el propio partido morado, hizo que esa misma formación quiera que dicha ley volviera a servir de moneda de cambio.