Frente al envejecimiento de la población y los menores flujos migratorios, uno de los pilares de la nueva reforma de pensiones se cimenta sobre la esperanza de un constante aumento de la productividad del mercado de trabajo español (en el entorno del 1,5% anual hasta el ejercicio 2050).
La secretaria de Estado de Comercio y presidenta del Icex, Xiana Méndez, parte como favorita para sustitir, de modo inminente, a Reyes Maroto al frente del Ministerio de Industria (si no surgen candidatos de última hora). Ése será el desenlace más previsible de la minicrisis de Gobierno que el presidente Pedro Sánchez está a punto de activar, antes de su viaje a China de los próximos días 30 y 31, para relevar a Maroto, y a su homóloga en Sanidad, Carolina Darias. Ambas ministras se focalizan así en sus campañas a las Alcaldías de Madrid y Las Palmas, respectivamente.
Los sindicatos confirman junto al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, su apoyo a la última parte de la reforma de pensiones. El acuerdo recoge un aumento de las pensiones mínimas y no contributivas con el IPC más "uno o dos puntos", explican fuentes negociadoras. Sobre la mesa, el Ministerio ha acordado con los sindicatos una mayor presión sobre los trabajadores y empresarios mediante una mayor carga en cotizaciones a través del destope de cuotas, y con la creación de dos nuevos impuestos que no generarán prestación: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que llegará al 1,2% en 2029, y el recargo de solidaridad del 6% sobre todo el salario que exceda la base máxima.
La segunda parte de la reforma del sistema español de pensiones, presentada el viernes pasado, destaca por la ausencia de medidas de contención del gasto en estas prestaciones, que ya se encuentra en un nivel récord equivalente a casi 12.000 millones mensuales (dato de febrero de 2023). La ausencia de frenos de ese tipo provocará que el desembolso continúe al alza, no solo por factores como la jubilación masiva de la generación del baby-boom. Además, los expertos consultados por elEconomista.es, alertan de que hay características intrínsecas a la propia reforma que contribuyen a espolear al alza el gasto.
Las bajas expectativas que rodeaban a la segunda parte de la reforma del sistema español de pensiones se han cumplido. Como se preveía, la propuesta que el ministro Escrivá expuso esta semana a los agentes sociales será un cambio legislativo impulsado por decreto que fía por completo la sostenibilidad al incremento de los ingresos. Lo hace por la vía de tres nuevas alzas de cotizaciones sociales, en forma de destope de las bases máximas, la creación de una cuota de solidaridad para los sueldos más altos y la elevación del gravamen exigido por el Mecanismo de Equidad. En lo que respecta al gasto, los cambios que supondrá el nuevo periodo de cómputo de las pensiones será, en el mejor de los casos, inocuo.
Los economistas son claros a la hora de denunciar que la deuda pública tiene los efectos equivalentes a un impuesto que lastrará a las futuras generaciones. En la España actual, no obstante, el pasivo de las Administraciones ha alcanzado un volumen tan elevado que ya se puede considerar un motivo de preocupación vigente para los hogares, especialmente en un contexto en el que todo ese endeudamiento se vuelve más gravoso, por culpa de las constantes alzas de tipos de interés en la eurozona.
El economista e inspector de Hacienda Francisco de la Torre está convencido de que "todas las formas de populismo fiscal son desastrosas". A combatirlas, y explicar al mismo tiempo una "economía para adultos", De la Torre dedica su último libro Y esto, ¿quién lo paga? (Debate, 2023).
En la mañana del pasado miércoles tuvo lugar la primera Junta Directiva que CEOE celebra después de que trascendiera la regularización del vínculo laboral que une a la patronal con quien es su presidente desde 2019, Antonio Garamendi, y la actualización de su sueldo, con las subidas pendientes desde el año 2021 hasta 2023.
Desde el día 1 de este mes, está previsto que Antonio Garamendi cobre su salario, en calidad de presidente de CEOE, como trabajador adscrito al régimen general de la Seguridad Social, en las mismas condiciones que son características para consejeros delegados y presidentes ejecutivos de empresas. Así lo confirman a elEconomista.es fuentes oficiales de la patronal.