Los economistas son claros a la hora de denunciar que la deuda pública tiene los efectos equivalentes a un impuesto que lastrará a las futuras generaciones. En la España actual, no obstante, el pasivo de las Administraciones ha alcanzado un volumen tan elevado que ya se puede considerar un motivo de preocupación vigente para los hogares, especialmente en un contexto en el que todo ese endeudamiento se vuelve más gravoso, por culpa de las constantes alzas de tipos de interés en la eurozona.
El cotejo de las estadísticas del INE y del Banco de España permite calibrar cuál sería la situación si los más de 1,5 billones de euros en deuda que arrastra el sector público se dividieran entre las familias españolas, teniendo en cuenta todo su espectro desde los hogares unipersonales hasta aquellos que cuentan con cinco o más integrantes. El resultado es que cada familia debe, actualmente, 80.000 euros, un registro carente de parangón en la serie histórica comparable, iniciada en el ejercicio 2003.
Los expertos consultados indican que el hecho de que ésta no sea una deuda efectivamente reclamable a cada familia por los inversores internacionales no implica que sea inocua. Muy al contrario, un pasivo creciente es el más claro síntoma de un ritmo de gasto público que ni siquiera la recaudación fiscal récord actual respalda, lo que aboca a medidas con un impacto directo en la renta personal como son las alzas de impuestos.
Los mencionados 80.000 euros (el equivalente al precio de un vehículo de alta gama de primera mano) suponen un incremento del 35% con respecto a los menos de 60.000 euros propios de 2014.
Este último es un año importante a la hora de establecer una comparativa por dos razones. En primer lugar, constituye el ejercicio en el que empezaron a darse por controladas las crisis financiera y de deuda soberana europea que comenzaron respectivamente en 2008 y 2012.
Por encima del billón de euros
Además, 2014 marca también un punto de inflexión en la medida que fue la primera vez que el volumen de deuda del sector público español se consolidó por encima de una barrera tan imponente como la que marca el billón de euros.
Desde entonces, esa marca nunca se ha perdido, aunque sí es cierto que el endeudamiento del sector público mostró una notable ralentización en su crecimiento hasta 2018. A partir de ese momento, ya antes de la crisis derivada del Covid-19, ha mostrado una tendencia ascendente que culmina (hasta ahora) en 2022 con un volumen acumulado superior a los 1,5 billones, de acuerdo con el último recuento del Banco de España. Es cierto que en su comparativa con el conjunto de la economía española, este monto se ha rebajado hasta el 113,1% del PIB, cinco puntos menos en términos interanuales.
Efecto estadístico
Ahora bien, esa reducción debe mucho a un efecto puramente estadístico ya que el PIB está en crecimiento e incluso la alta inflación sirve para socavar el lastre de la deuda pública, pero esto ocurre en términos puramente nominales.
En la escala real, lo cierto es que "partíamos de unos niveles ya muy elevados y el endeudamiento "no puede seguir creciendo de forma indefinida, sobre todo ahora que el Banco Central Europeo (BCE) deja de comprar deuda española" y de otros países, señala el economista y consejero editorial de este diario, Francisco de la Torre.
El endurecimiento que Fráncfort propugna no se limita al término del denominado programa de flexibilización cuantitativa. Igualmente importante es el encarecimiento del coste de financiación en los mercados para empresas y países que suponen los continuos incrementos de los tipos de interés en la Unión Monetaria, cuyo final no se vislumbra cercano.
Está ya descontado que la institución presidida por Christine Lagarde subirá una vez más las tasas en la reunión de su Consejo de Gobierno de este mes pero habrá más ocasiones en el inmediato futuro. El propio economista jefe del BCE, Phillip Lane, allanó ayer el camino al dejar claro que las "presiones inflacionistas son todavía elevadas" en las economías que comparten la divisa europea.
Los datos del IPC armonizado de febrero avalan a Lane, puesto que la inflación subyacente (la estadística menos volátil ya que excluye energía y alimentos) se situó en el 5,6% en el mes pasado, tres décimas por encima del nivel que los analistas pronosticaban.
Intereses al alza
En este escenario, los expertos de CaixaBank Research explican a elEconomista.es que el coste en intereses de la deuda española rondará los 41.000 millones de euros en el medio plazo, en torno a 2025. Esa cifra se sitúa notablemente por encima de los 29.000 millones del año pasado y también de los "34.000 millones que son ya previsibles en 2023", exponen los economistas de la entidad financiera.
Desde CaixaBank no dudan en reclamar al Gobierno "una estrategia de consolidación fiscal, gradual y que sea creíble para los inversores internacionales".