En la mañana del pasado miércoles tuvo lugar la primera Junta Directiva que CEOE celebra después de que trascendiera la regularización del vínculo laboral que une a la patronal con quien es su presidente desde 2019, Antonio Garamendi, y la actualización de su sueldo, con las subidas pendientes desde el año 2021 hasta 2023.
Fuentes conocedoras de lo debatido en esa reunión confirman a elEconomista.es que ninguno de los dos temas fue tratado en el encuentro. Se dio carpetazo a una cuestión que ya cuenta, desde enero, con la aprobación de la cúpula de patronal.
En consecuencia, pese a la polémica que la divulgación de estas informaciones provocó en determinados ámbitos interesados en criticar a CEOE, la organización optó finalmente por no abordarla ni en su listado de temas preestablecido ni fuera de él durante el encuentro del miércoles.
Como adelantó elEconomista.es el día 9 de este mes, el salario de Garamendi subirá hasta el entorno de los 400.000 euros anuales, todo en concepto de retribución fija. Además, pasará a estar adscrito al Régimen General de la Seguridad Social en lugar de sujetarse al propio de los autónomos como hasta ahora ocurría.
Se trata de un cambio que implica asemejarlo, en términos de tributación por IRPF y, sobre todo, de pago de cotizaciones sociales, a los trabajadores por cuenta ajena que desempeñan altas responsabilidades en las principales empresas e instituciones. La modificación, según recuerdan las fuentes consultadas, recibirá la aprobación definitiva de manos de la Comisión Presupuestaria y Financiera, liderada por la vicepresidenta Alejandra Kindelán.
Este último organismo es aquél que tiene la competencia para dar los próximos pasos a partir de este momento "y no la Junta Directiva propiamente dicha", según explican.
Fue precisamente Kindelán quien, el pasado enero, puso de manifiesto la necesidad de llevar a cabo la regularización laboral para evitar conflictos con la Seguridad Social, invocando una recomendación formulada por los propios servicios jurídicos de CEOE.
A la hora de poner punto final a toda polémica, resultó importante la intervención en el encuentro del pasado miércoles de la Junta Directiva de otra de las vicepresidentas de la patronal, Pilar González de Frutos.
La también presidenta de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) leyó algunos artículos del Código Ético y de Buen Gobierno de CEOE.
"Especial protección"
En ese documento se estipula explícitamente, entre otras consideraciones, la "especial protección" que se debe otorgar a toda información que afecte a la gestión interna de la patronal.
El comunicado oficial que la organización hizo público el pasado día 9 también hacía especial hincapié en que se respete la autonomía de las decisiones de la organización patronal, en especial en lo que concierne a si su presidente "recibe o no una remuneración" y cuál es la cuantía de ese salario.
A renglón seguido, en consonancia con ese punto, CEOE reclamaba "respeto hacia las decisiones que se tomen en el seno de los órganos de gobierno de la organización".
No en vano los representantes de los empresarios consideraron una grave injerencia el modo en que los cambios laborales que afectarán a su presidente fueron tratados desde varios ámbitos, en concreto desde el Gobierno central por el Ministerio de Trabajo.
Ariete contra la patronal
Fue la titular de este último departamento, Yolanda Díaz, quien utilizó la subida de salario de Garamendi (un 9% en términos reales acumulada desde el ejercicio 2021) como ariete para criticar a la patronal por no apoyar el incremento del 8% en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pactado con los sindicatos para este año.
Díaz consideró que CEOE "no era coherente" a la hora de oponerse a todo avance del SMI que fuera superior al 4% que consideran sostenible para las empresas en una situación de crisis y de alta inflación como la actual.
Es más, Trabajo llegó también al punto de insinuar que la adscripción de Garamendi al régimen general de cotización sería analizada por su departamento. No obstante, los expertos consultados explican que la vinculación como autónomo del presidente de CEOE a esta última organización no es constitutiva en ningún caso de delito.
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