Madrid
Los más de 14 meses transcurridos desde que el Gobierno aprobó su Plan de Recuperación, respaldado por las ayudas europeas Next Generation, constituyen ya un tiempo suficiente para hacer un primer balance de la gestión de las ayudas.
Y esa recapitulación resulta decepcionante en cuanto al escaso volumen de ayudas que están ejecutadas de modo efectivo, y no solo adjudicadas nominalmente o simplemente reconocidas como tales. El cotejo de las estadísticas de la UE y de las más recientes de la Intervención General del Estado señala que, hasta el momento, el volumen de fondos realmente ejecutados se sitúa en el entorno de los 6.900 millones entre 2021 (2.400 millones) y los siete primeros meses de este año (4.500 millones más).
En concreto, el Ejecutivo provisionó 26.000 millones en el pasado ejercicio con cargo a los recursos procedentes de Bruselas e incluso recibió un adelanto, de 9.000 millones, en el verano de aquel año procedente del Ejecutivo europeo. Con todo, el Ministerio de Economía asegura que este año se está alcanzado "velocidad de crucero" en este ámbito "con un ritmo de convocatorias de ayudas y licitaciones de servicios y obras superior a los 2.000 millones mensuales, tanto del Estado como de las autonomías". En cuanto a la ejecución de los Pertes ligados a los fondos europeos, hay "convocatorias públicas lanzadas por importe de 9.372 millones", de acuerdo con el Ejecutivo.
Ahora bien, hay indicios de que en 2021, el anticipo de 9.000 millones antes mencionado no se puso en circulación en su totalidad de acuerdo con las cifras que manejan los auditores comunitarios. Tras el cierre contable del pasado ejercicio, esos profesionales aseguraron que España adjudicó (lo que implica ir mucho más lejos de la mera autorización o el reconocimiento de obligaciones) un total de 2.400 millones en todo 2021.
Es cierto que se trata de una cifra más cuantiosa que la propia de otros países de la UE, ya que son varios los que no movilizaron ni un euro de ayudas europeas el año pasado. Con todo, sigue siendo una cifra muy alejada de las promesas del Gobierno sobre el que está destinado a ser "el gran motor de la recuperación post-Covid".
Cifras a 31 de julio
Ahora cabe preguntar si se está produciendo una mejoría en 2022. Para ello, dado que muy temprano para disponer de una auditoría europea actualizada, es necesario recurrir a los cifras de la Intervención General del Estado cerradas a 31 de julio, que proporcionan una cierta aproximación . Y dichos números muestran el gran camino que queda por recorrer.
En ese acumulado, son poco menos de 4.500 millones los que la estadística reconoce como "pagos realizados", cuando hay 28.500 millones presupuestados. Y debe consignarse que la liberación de esos desembolsos no implica que se encuentren en su totalidad en manos de sus destinatarios finales, más allá del sector público. Gran parte de ellos fueron a parar a instituciones como el gestor de infraestructuras ferroviarias Adif o a los Servicios Públicos de Empleo, además de a las comunidades autónomas.
Más trámites pendientes
Ahora bien, de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas, el dinero en manos de los Gobiernos regionales tiene posteriormente que seguir "otros procedimientos y reglamentos" antes de desembocar en la economía real. "No se trata de que sea necesario afrontar una segunda licitación de inversiones, adicional a la ya llevada a cabo por el Estado", matizan, "sin embargo los recursos tienen que seguir las exigencias de la normativa actual" antes de que se puedan considerar como puestos en las manos de sus destinatarios finales.
Es más, en el ámbito empresarial continúan escuchándose quejas acerca de "la escasez de convocatorias respaldadas con cargo a los fondos europeos que se están convocando" y la lentitud con la que se están poniendo en circulación los recursos del fondo comunitario contra la crisis del Covid, aún más necesarios en un momento en el que están por completo desatadas las turbulencias relacionadas con la invasión rusa de Ucrania.
Incluso cabe el riesgo de que los fondos Next Generation corran la misma suerte que las ayudas extraordinarias para empresas y autónomos, situadas en el entorno de los 7.000 millones, que se aprobaron en marzo de 2021 por parte del Gobierno central sin contar con el acuerdo de las autonomías, las últimas responsables de su distribución. La excesiva burocratización de estos auxilios hizo que la llegada a los destinatarios finales se retrasara meses, hasta después del pasado verano y sus destinatarios finales, todavía hoy, sigan tropezándose con dificultades de acceso.
Los fondos Next Generation también se ven salpicados por esa lucha entre la Administración central y la autonómica. Resulta cuestionable según los expertos el hecho de que Madrid se situara el año pasado en tercera posición en el ranking, con 1.213 millones, por detrás de Cataluña, autonomía a la que van destinados 1.578 millones. De hecho, el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso planteó un recurso que afecta a una partida específica de ese reparto, cuestionando los criterios a los que obedece.
