La Seguridad Social afronta en 2021 un cambio de paradigma en el plano financiero, y más concretamente en lo que respecta a las inyecciones de dinero adicional que recibe desde hace ya algunos ejercicios para poder enfrentar los todos los compromisos de pago anuales cuando los ingresos por cotizaciones no cubren la totalidad de la factura.

El cierre de año deja una fotografía escalofriante del impacto heterogéneo que está teniendo la pandemia sobre el tejido productivo de nuestro país. Y una cosa parece clara según los datos de empresas registradas en la Seguridad Social en el final del año: las pequeñas compañías de nuestro país son las grandes pagadoras de la crisis económica. De hecho, un 99,7% de las casi 68.000 empresas que se han destruido durante este ejercicio en nuestro país cuenta con menos de 50 trabajadores en su plantilla.

El horizonte financiero de la Seguridad Social se prevé tenso a pesar de la llegada de los fondos europeos en 2021 por la caída de ingresos que supondrá la destrucción de empleo, pero la lectura a largo plazo es demoledora: el Estado debería acumular en sus arcas 3,6 veces el valor del PIB para poder pagar todas las futuras pensiones de los actuales cotizantes. Es decir, los derechos de pensión que están acumulando los actuales trabajadores españoles con sus aportaciones al Sistema en forma de cotizaciones sociales asciende a 4,3 billones de euros.

Tras toda la incertidumbre sobre el comportamiento de la economía que esconde la evolución de la pandemia en el mundo, una cosa parece clara para España: del éxito de la vacuna dependerá la capacidad de nuestro país para coger el pulso de la recuperación el próximo año. Así lo indican los expertos consultados por elEconomista, que no prevén ningún atisbo de brotes verdes hasta la segunda mitad del próximo año, cuando ya se podrá apreciar el efecto de las campañas de vacunación contra el Covid en el número de contagios registrado y, además, coincidirá con la llegada de la primera remesa de ayudas de la UE del Fondo de Reconstrucción.

De los 3.280.838 trabajadores autónomos afiliados al Reta en nuestro país, un total aproximado de 183.600 (5,6% del total) se han acogido a una baja por enfermedad Covid, a través de las mutuas de accidentes de trabajo. Concretamente, en el 61,4% de los casos se han dado bajas por confinamiento, unos 112.976 autónomos se vieron afectados por esta situación, mientras que el 38,6% han causado baja por contagio de Covid, en algo más de 71.000 autónomos.