CORONAVIRUS

La batalla interna en el seno del Gobierno a cuenta de la aprobación del ingreso mínimo vital se ha convertido en una guerra sin precedentes por la atribución de la medida más importante que prevé el Gobierno en el ámbito de lo social. Sin embargo, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que ha ganado la batalla de los tiempos y los plazos al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, anda sobre arenas movedizas en este campo ya que ni cuenta con un diseño definitivo, ni puede garantizar que la ayuda se comience a percibir en mayo -fecha prevista del anuncio- y además se deberá de pagar con deuda ante la falta de unos Presupuestos Generales. Lo que supondría cargar sobre los gastos del Estado una nueva prestación con un coste aproximado de 6.000 millones de euros -las pagas serían de un mínimo de 500 euros al mes para un millón de hogares, es decir, un coste mensual de la ayuda de al menos 500 millones de euros-.

Escrivá sitúa la cifra de trabajadores afectados por Erte en los cuatro millones

SEGURIDAD SOCIAL

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, comparecía este miércoles en la Comisión parlamentaria del ramo para dar cuenta de la actividad de su ministerio durante las últimas semanas, frenética por el peso de los acontecimientos. Además de explicar las diferentes medidas que se han abordado hasta el momento en materia de protección de los trabajadores, el ministro quiso analizar la evolución del mercado laboral y las noticias son poco halagüeñas al respecto.

SEGURIDAD SOCIAL

La crisis sanitaria del coronavirus está golpeando a la economía española con una virulencia sin precedentes y muchas son las medidas que está impulsando el Gobierno para evitar el desmantelamiento del tejido productivo y proteger a los trabajadores que se puedan ver expulsados del mercado laboral por la situación de excepcionalidad, así como cubrir las rentas de los más vulnerables. Como ya adelantó elEconomista Pensiones esta circunstancia acarreaba una merma directa y automática de los ingresos de la Seguridad Social por cotizaciones y por lo tanto imprimía más tensión a las maltrechas arcas del organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país, que acumula déficits anuales en el entorno de los 18.000 millones de euros. Y tras la celebración del Consejo de Ministros de este martes también es la circunstancia por la cual el Gobierno ha decidido aprobar un préstamo de 13.830 millones de euros a la Seguridad Social con antelación para garantizar el pago en pensiones.

La CEOE critica la ausencia de protección que el Gobierno garantizó hace días

DESCONFINAMIENTO

Era de esperar pero finalmente la incertidumbre se ha apoderado de empresarios y trabajadores durante la primera jornada de desescalada del confinamiento impuesto por el Gobierno a causa de la crisis sanitaria del coronavirus. Y junto a las dudas de los primeros días de la nueva fase, la falta de aprovisionamiento de material sanitario por parte de las compañías -ante la imposibilidad por el desabastecimiento del mismo- que ha impedido a numerosas pequeñas y medianas empresas de nuestro país de reanudar la actividad.

CRISIS SANITARIA

El plan del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, para sacar adelante un ingreso mínimo vital que ayude a paliar los efectos de la crisis sanitaria y social desatada por el coronavirus parece haberse topado con un obstáculo insalvable para su aprobación: la improvisación y la falta de rigor en la confección de la medida. Dos elementos que han llevado al Gabinete de Vicepresidencia a resignarse a la aprobación de esta ayuda en los términos en los que ya venía trabajando -y seguirá haciendo- el equipo del M¡nisterio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desde la conformación del Ejecutivo de coalición, y en los plazos previstos desde el Gabinete de José Luis Escrivá.De hecho, este extremo ha sido el mensaje que quiso lanzar la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros del martes: que el ingreso mínimo vital que prepara el Gobierno es una medida que "no se puede improvisar" precisando en dos ocasiones que es "competencia" del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. "Esperemos que en pocos meses podamos alumbrar esta nueva prestación de Seguridad Social, que será un salto de gigante en nuestro país respecto a las garantías de renta, no son medidas que se puedan improvisar, ni que se puedan diseñar de un momento para otro, porque son prestaciones que han venido para quedarse", apuntaba. "Se están acelerando esos trabajos por parte del ministro Escrivá que es el competente en materia de Inclusión y Seguridad Social, en coordinación con la Vicepresidencia de Derechos Sociales, ese es el camino que el Gobierno ha decidido transitar", sentenció Montero.