Las medidas que el Gobierno está aprobando en materia de protección de los trabajadores autónomos como consecuencia de la crisis del coronavirus no caerán en saco roto cuando finalice la crisis sanitaria. De hecho, todas esta producción normativa podría servir en algunos meses como el marco sobre el que continuar los trabajos ya iniciados antes del estallido de la pandemia para la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
Aunque los autónomos son uno de los colectivos más golpeados por la crisis sanitaria del coronavirus, el colectivo ya calcula cómo abordar la vuelta a la actividad con el objetivo de frenar la sangría que sufre la economía española como causa del parón productivo decretado por el Gobierno para enfrentar los efectos de la pandemia. En esta línea, UPTA reclama al Gobierno que se prohíban las rebajas de verano para evitar las ventas promocionales que puedan afectar aún más al resultado de las compañías ya en un momento crítico de pérdida de ingresos y reducción de beneficios.
El Gobierno aprobará un segundo préstamo de casi 14.000 millones para la Seguridad Social antes de que acabe el año para garantizar el pago de las pensiones y de buena parte de las ayudas que se ha previsto como parte del plan de choque económico a causa del coronavirus. Aún está por ver la cuantía de esta nueva inyección para el organismo pero procederá de los Presupuestos Generales y se prevé sea aprobado por el Consejo de Ministros en la segunda mitad del año, de cara a afrontar la paga extra de los pensionistas del mes de noviembre.
La Seguridad Social afronta un reto sin precedentes en la actual crisis sanitaria, como principal organismo encargado de financiar la mayoría de las ayudas que el Gobierno lleva aprobando durante las últimas semanas con objeto de proteger a empresarios y trabajadores que se han visto obligados a frenar su actividad, y no lo hará en las mejores condiciones presupuestarias. Concretamente, tras el préstamo aprobado por el Consejo de Ministros de 13.830 millones de euros a la Seguridad Social la deuda del organismo roza ya los 70.000 millones de euros, es decir, casi un 6% del PIB de nuestro país.
Nadie podrá cobrar el ingreso mínimo vital en mayo tal y como anunció el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, a bombo y platillo en el día de ayer y que se sustanció con un comunicado de Moncloa certificando que la medida estaría lista en el mes de mayo tal y como se filtró a la prensa el miércoles tras la comparecencia del ministro de Inlcusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la Comisión parlamentaria para dar cuenta entre otras medidas impulsadas desde si gabinete de esta ayuda, ya comprometida desde que fue elegido en el cargo en enero de este año. Como ha advertido el propio Escrivá en una entrevista realizada este mismo viernes, a la norma del ingreso mínimo vital le queda "más de un mes" hasta que sea aprobada en el Consejo de Ministros. "Es el calendario que mi Ministerio tiene desde el principio en la cabeza", aseguró.Además, existen flecos por abordar entorno a la medida que impedirán que se pueda empezar a cobrar en mayo, tal y como avanzó este periódico aludiendo a los trabajos técnicos pendiente imposibles de despejar en apenas dos semanas que restan de mes de abril. De este modo, si bien fuentes de Moncloa confirman a elEconomista que con casi toda seguridad el borrador legislativo de la ayuda estará listo para la segunda mitad del mes de mayo, no está seguro aún cuando podría ser aprobado por el Consejo de Ministros, de modo que, como mínimo, nadie empezará a cobrar el ingreso mínimo vital hasta junio.