Quitar ceros a una moneda no resuelve ni cambia nada, salvo los cálculos. Es una mera magnitud. Un cambio de medida que reduce la unidad monetaria considerada, que se expresa en alguna convención, sean pesetas, euros, dólares o bolívares. Lo que importa realmente del dinero, que toma expresión concreta en una moneda, es su capacidad de compra o poder adquisitivo.
De nuevo, todo tranquilo. Por fin cada cual en su sitio y desaparecen las protestas y el mal ambiente de la calle. La tensión o crispación viene siempre solo de un lado. Los escraches nunca fueron crispación, ni violencia: lo dijo el juez. Y la usurpación (ocupación) de la propiedad privada, tampoco. Después de todo, la escasa consideración y aprecio por la propiedad privada, incluida la vida, tiene larga tradición en España. Basta con ver las penas en ocasiones (no siempre es así) imputadas y el trato dispensado a quienes quitan la vida de forma abyecta: a veces un par de años, si llegan, por cada vida cercenada.
Siempre fui más de Marvel que de Detective Comics (DC). Pero la liga y la justicia que aludo se refieren a las palabras del presidente Sánchez sobre lo que ha denominado "fiscalidad justa" y la opción entre un "sistema fiscal de tercera o de primera" para financiar "un Estado de Bienestar de primera", esgrimiendo símil futbolístico.
No hay, de momento, una burbuja en el sector inmobiliario. Comparada la situación con la de los años del boom, incluido 2007 cuando empezó la crisis, las diferencias son sustanciales y significativas: todavía queda un stock importante de vivienda, aunque se ha reducido mucho; los precios, en promedio, distan aún del auge de la burbuja; el número de transacciones, en términos absolutos, está todavía muy por debajo de aquella fase; la construcción de vivienda se encuentra a años luz de la época de las grúas; hay zonas y segmentos de vivienda donde los precios todavía siguen estacionados o incluso bajando...
Me refiero al resultado, no inesperado ni extraño, de la Encuesta de Competencias Financieras elaborada por la CNMV y el Banco de España, sobre una muestra de 21.221 individuos de todas las comunidades autónomas, entre 18 y 79 años, que revela el grado de conocimiento de la población, así como una parte básica de su posición o conducta, sobre cuestiones financieras elementales.
Argentina debe ser un ejemplo para analizar y comprender algunos errores básicos de análisis que también cometemos a este lado del Atlántico, empezando por España.
Imprudentes e insensatas son las propuestas de prácticamente todo el arco parlamentario, PP incluido, sobre el despiporre de gasto público. Un gasto público que parece salir de la nada; ser siempre necesario y en todo caso benéfico, se interprete como que no tiene coste alguno o en términos netos; y siempre posible. Pero no. Más gasto público tiene graves repercusiones sobre el crecimiento y desarrollo de los países, así como sobre su propia sostenibilidad dentro de determinados márgenes de riqueza, y hasta tal punto lo saben los políticos que no sobrepasan un límite, que suele estar en torno al 50-60%, en los países desarrollados y democráticos: cuando el norte de Europa lo rebasó con creces en el pasado, sufrió las consecuencias; y esos países han podido dar marcha atrás, porque no derivaron en sistemas autoritarios.
El período, tal vez debiera hablar de bucle, electoral en que andamos metidos no ayuda a la cordura de propuestas ni a la veracidad de análisis. Aunque tampoco entiendo muy bien cómo a más de un año de elecciones llevamos casi dos en período electoral.
La ignorancia o la maldad, puestas al servicio de la búsqueda de objetivos particulares o propios, pero siempre egoístas y espurios, puede llegar a tener mucho predicamento, gran poder de convicción, adhesión mayoritaria y hasta puede llegar a instalarse como principio indiscutible. Pero nunca será verdad, se vista como se vista.
Contrariamente a lo establecido en el marco del Pacto de Toledo, partidos políticos, sindicatos y, algo menos, aunque también, las patronales, se empeñan en usar el tema de las pensiones, que afecta a unos nueve millones de votantes (el número de pensiones está en torno a los 9,6 millones), como arma desestabilizadora e imán de voluntades, mientras obvian y retrasan soluciones (llevan cuatro décadas haciéndolo); parchean, desde 1985, el problema con medidas correctoras parciales y siempre reductoras de prestaciones o de promesas originarias; proponen retrocesos y marcha atrás de medidas que contribuyen al progreso de nuestra economía, como el retorno a la indexación según el IPC o añadir impuestos específicos para su pago, como si las cotizaciones sociales no fuesen impuestos sobre los salarios, etc.