Imprudentes e insensatas son las propuestas de prácticamente todo el arco parlamentario, PP incluido, sobre el despiporre de gasto público. Un gasto público que parece salir de la nada; ser siempre necesario y en todo caso benéfico, se interprete como que no tiene coste alguno o en términos netos; y siempre posible. Pero no. Más gasto público tiene graves repercusiones sobre el crecimiento y desarrollo de los países, así como sobre su propia sostenibilidad dentro de determinados márgenes de riqueza, y hasta tal punto lo saben los políticos que no sobrepasan un límite, que suele estar en torno al 50-60%, en los países desarrollados y democráticos: cuando el norte de Europa lo rebasó con creces en el pasado, sufrió las consecuencias; y esos países han podido dar marcha atrás, porque no derivaron en sistemas autoritarios.
No es otro que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien afirma que no puede celebrarse la salida de una crisis de gasto, con más gasto; que "gastar no es gobernar" y que hay que cumplir con la deuda, y el mismo día defiende que la mejora de las finanzas públicas permite más gasto público y la creación de más empleo público. Un empleo público que en diez años, entre 2008 y 2017, no ha caído sino que ha subido 100.000 efectivos netos; que supone una de las mayores partidas de los PGE, posiblemente sin considerar otros muchos empleos públicos en diversas Administraciones o en empresas, organismos, entes, consejos, observatorios... públicos de los muchos existentes; y cuyo monto total de remuneración, a pesar de los recortes ficticios, ha crecido en el período más de 15.000 millones de euros.
Tal política de gasto ha conducido a la elevación sin freno de la deuda pública hasta límites históricos. Y pese a disponer de unas condiciones políticas que le permitían tomar decisiones eficaces, el Gobierno del PP optó con convicción por mantenerla, desatendiendo la reducción de la deuda y la observancia del déficit, pues a pesar de su evidente reducción, se ha diferido más de diez años su cumplimiento, tras sobrepasar sistemáticamente el compromiso con la UE, ampliado cada año y que apenas se ha respetado en 2017, retardando el equilibrio de las cuentas mucho más de lo que lógico y obligado, y más que el resto de países de la zona euro, Grecia incluida.
Pero en el PSOE solo se propone el empeoramiento de la situación. Cuando se le presenta una oportunidad de mostrar la sensatez de la que hizo gala en el pasado y plantear un proyecto claro e ilusionante a la sociedad española, no solo a los suyos concentrados, su secretario general, Pedro Sánchez, apenas muestra su incongruencia e impericia, postulando 8.000 millones más de gasto, que reúne en los típicos señuelos de educación, becas e I+D+i, con recuperación de científicos españoles fuera; pensiones; gasto social (alquileres); parados de larga duración..., y que, dice, respetan el objetivo de déficit público acordado con Bruselas.
Para su financiación propone aumentos de impuestos a las grandes fortunas (52% de IRPF para rentas superiores a 150.000 euros); a las empresas (aún más si son grandes o financieras, para las que propone otro impuesto adicional sobre transacciones); al ahorro (equiparación de rentas del trabajo y del capital) y más impuestos ambientales. De nuevo más demagogia, aunque rascando un poco vemos que el IRPF se elevaría para rentas a partir de 60.000 euros.
Pero el PSOE no ignora que las empresas tributan por Sociedades por encima del tipo mínimo propuesto del 15%, como ya expliqué en otro artículo. Y lo sabe porque no espera sacar más de 400 millones de euros con esa medida. Tampoco ignora que, no ya a partir de 150.000 euros de renta, sino de 90.000, el número de contribuyentes es el 1,1% del total y que esos aportan el 20% de toda la recaudación por IRPF; tal vez por eso afectarán otras rentas y por ello usted debería mirarse el bolsillo, en cualquier caso. Como tampoco ignora que ya existen diversos programas de retorno de científicos españoles, algunos específicos, como los de jóvenes científicos o en ciencias de la salud (oncología), otros generales, como las ayudas "Beatriz Galindo", ahora en plena convocatoria (ya es infortunio).
Calcula el PSOE que el conjunto de esas subidas impositivas permitirá ingresar unos 6.000 millones de euros, a los que añade un ahorro público de 2.500 millones de euros para sufragar el mayor gasto. Han oído bien: ¡ahorro público! Pero, digo yo, ¿de dónde? ¿No van a gastar más (8.000 millones)? ¿De dónde el ahorro si ahora ya, antes de sus 8.000 millones del ala, hay déficit? ¿Acaso se trata de gasto no ejecutado?
Si es así, ¿no iría a pagar deuda y enjugar el déficit? ¿Cómo va a ser "no ejecutado" si propone "ejecutar" 8.000 millones de euros más? ¿Es que hay truco y el marasmo de subidas impositivas es mucho mayor y más generalizado... ya que estamos...? Sin el falso ahorro, el déficit aumenta y no se cumple con Bruselas, sino que empeoramos nuestro ya arduo compromiso.
Y, aún peor: ¿considera de verdad alguien que el pago de más gastos, mediante impuestos o deuda, no afectará a la economía, a las ganancias o rentas, a la actividad, al empleo, a los precios relativos, a la eficiencia, a...? Por eso lo llamo imprudencia e incongruencia, si no engaño.
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