De nuevo, todo tranquilo. Por fin cada cual en su sitio y desaparecen las protestas y el mal ambiente de la calle. La tensión o crispación viene siempre solo de un lado. Los escraches nunca fueron crispación, ni violencia: lo dijo el juez. Y la usurpación (ocupación) de la propiedad privada, tampoco. Después de todo, la escasa consideración y aprecio por la propiedad privada, incluida la vida, tiene larga tradición en España. Basta con ver las penas en ocasiones (no siempre es así) imputadas y el trato dispensado a quienes quitan la vida de forma abyecta: a veces un par de años, si llegan, por cada vida cercenada.
Y así, con una sociedad adormecida por la narrativa de la posverdad, las fake news y la nueva interpretación histórica, en la que el discrepante, el crítico, quien pone en duda o desmonta de forma pública tales argumentos puede ser objeto de acusación jurídica y culpabilizado, a parte del escarnio social (¿dónde o bajo qué régimen habré oído yo eso con anterioridad?), caminamos hacia una pérdida gradual de nuestra libertad, con la alegría de que todo -prosperidad, progreso y felicidad- nos será dado y proporcionado por nuestras autoridades, cada vez más atractivas y seductoras.
Los denominados agentes sociales, en realidad y hace tiempo claros buscadores de rentas en el sentido dado por James Buchanan, llevaban casi dos años mareando la perdiz para firmar un acuerdo o pacto salarial global. Aun suponiendo una distorsión efectiva sobre las decisiones y la marcha real de cada empresa, máxime si se impone sobre éstas, el acuerdo, casi cerrado y sin puntos insalvables (solo se establecían criterios de este tipo para alargar la negociación), se ha firmado de inmediato, apenas ha llegado el PSOE al Gobierno. Las protestas sobre salarios de miseria prácticamente han desaparecido.
Las pensiones tienen los mismos o más, por el paso del tiempo, problemas para su financiación e inherentes al sistema. Incluso las subidas recién aprobadas y ampliamente celebradas estaban previstas y confirmadas ya por el anterior Gobierno del PP, quien tampoco planteó en ningún momento la lógica, viabilidad, capacidad, justicia e incumplimientos sistemáticos del sistema y que también propuso como soluciones deuda e impuestos crecientes y más cambios (reducción) de derechos en las prestaciones. Pero las calles han dejado de ser testigo de las protestas de los pensionistas pues un nuevo Gobierno, realmente preocupado de sus necesidades, ha llegado para resolver el inmenso despropósito que es hoy (y ayer, aunque entonces los números salían) el sistema de pensiones. Convertido, como la sanidad, en un gran sistema de beneficencia; pública y pagada a escote, pero beneficencia.
Se ve que cuando gobierna el PP la sanidad es un horror y un saco de injusticia, donde se desatienden las necesidades: la izquierda es la verdadera creadora del sistema de sanidad universal. Pero, la sanidad, que nunca ha sido ni será gratuita, parece que no dejaba desatendido a nadie que lo necesitase realmente, ni siquiera aunque fuese una persona ilegal, si precisaba de una atención urgente. Tampoco a nuestros vecinos de la UE con posibilidades, que venían a tratarse o ser intervenidos aquí, porque en sus países les hacían costear parte de esos cuidados. Lo único que se hizo fue empezar a cobrar la factura a sus sistemas de salud, para que los costes del nuestro, además de por esperas o deterioro del servicio, dada la mayor demanda, no se agravasen. Ahora que todo ha mejorado (¿de verdad?), las protestas del sector sanitario han desaparecido.
Ante la dilatada ampliación del gasto público que impulsa el Gobierno del PSOE en lo que queda de legislatura, y dado que será complicado -incluso en términos electorales-, hasta nueva legislatura, aprobar las importantes subidas de impuestos que esos y otros planes requieren (con todo, pronto veremos aumentar varios tributos y nuevas figuras de esas que pueden venderse como "más impuestos para otros"), una de las medidas, típica como ya vimos con el anterior Gobierno del PP, es el retraso o parálisis de nuevas inversiones públicas que, aunque no siempre acertadas o eficientes, habían iniciado cierta recuperación del tiempo perdido y del deterioro sufrido durante los años de crisis. De manera que no parece muy adecuado, cara al futuro, que, en medio de una recuperación fuerte y que ya dura cuatro años, Fomento decida posponer y revisar determinados proyectos en carreteras, ferrocarriles y otros. Pero se entiende peor si es por el aumento de otros gastos más clientelares e ideológicos y, además, en pago de favores o apoyos políticos, argumentando al mismo tiempo un déficit de inversión en determinadas comunidades que, precisamente, son las que han recibido más inversión en infraestructuras en los últimos diez o quince años.
Apenas llevan un mes, y estamos de vacaciones. Cuando ganen las elecciones esto va a ser jauja.
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