No es mala la idea expuesta por el presidente de Gobierno de permitir el rescate de los planes de pensiones con antigüedad de más de diez años a partir de 2025, así como de las aportaciones que, a partir del 1 de enero de 2015, cuenten con una antigüedad de diez años. Es, como se ha dicho, un intento de hacer más atractiva esa inversión, otorgándole mayor liquidez, entre otras cosas.
Con la de cosas pendientes por hacer; la cantidad de reformas liberalizadoras y de apertura que precisa nuestra economía, y anduvo el ministro de Hacienda enredado en una quita -reestructuración le dicen- de la deuda de las comunidades autónomas. Estamos ante un trile político, aunque el ministro quiera desmarcarse ahora de él, que los contribuyentes, obligados, terminaremos pagando, solo que, con tal propuesta, de forma más injusta. Porque no sólo es que las quitas o reestructuraciones de deuda producen o fomentan incentivos perversos -moral hazard o riesgo inducido, lo llamamos- que animan a los gobernantes tanto al gasto excesivo en cuantía como a un gasto ineficiente y derrochador por demás, sino que los exime de responsabilidades y reparte gastos y costes entre quienes ni siquiera pueden decidir sobre esos Gobiernos.
Con la formalidad que acostumbra, el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, inauguró 2018 señalando el procés catalán como la única incertidumbre de la economía española para mantener niveles de crecimiento y creación de empleo aceptables. Mi consideración, además de que hay más, es que los problemas los tenemos dentro; generalizados; incrustados en una idea o concepción ideológica del funcionamiento y las leyes -sí, leyes- económicas; en una pésima y equivocada formación económica cotidiana (incluyo la financiera) y en una consideración de las instituciones económicas completamente distorsionada o desvirtuada.
El tema de las pensiones es suficientemente importante y problemático como para tratarlo con frivolidad. Y ya es mala suerte que tras meses de cierta incomparecencia o silencio público, y no porque no haya habido asuntos, motivos u ocasiones en los que dirigirse a votantes y ciudadanos, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, vaya a estrellarse doblemente con una propuesta sobre pensiones simplista y falaz.
Frente al actual modelo de financiación, se ajusta más al estado de derecho y al trato de todos sus ciudadanos por igual, que son quienes tributan o pagan impuestos (no los terruños), un sistema foral y de cupos igual a todas las comunidades autónomas o bien la creación de un impuesto específico de y para las autonomías, administrado, gestionado y recaudado por ellas directamente y con claridad. Pero esto último no sería aceptable dentro del actual sistema fiscal español, que lógicamente precisaría de un cambio y reforma profundo que, además, debiera hacerlo mucho más eficiente, simple, transparente, amable y justo en la relación del contribuyente con la Administración (todas) y, desde luego, menos gravoso y confiscatorio.
Diversas circunstancias y razones han favorecido que vuelva a primera página el debate sobre nuestro modelo de financiación autonómica. Lo considero acertado pues, junto con el de las pensiones, es este un problema que está afectando a las posibilidades de crecimiento, desarrollo y progreso de la economía española y que lamentablemente, por el uso político que se hace de ambos, especialmente del sistema de financiación de las Administraciones, está distorsionando, cuando no emponzoñando, las relaciones sociales y hasta personales de nuestra sociedad.
Los graves aprietos en que puso la crisis a los deudores destaparon algunas de las incómodas responsabilidades que se adquieren cuando, mediante la firma de un contrato, se toma un préstamo para cualquier cosa, sea una empresa, comercio, consumo o para adquirir una propiedad inmobiliaria, que fue lo más frecuente. Permítaseme aquí hacer una acotación: nunca debe olvidarse que fue la alteración artificial de los precios, en concreto y específicamente del tipo de interés a la baja, llevada a cabo por las autoridades, incluso de forma concertada, lo que distorsionó buena parte de las decisiones privadas sobre la toma de endeudamiento o, como se dice de forma cursi, de apalancamiento, y facilitó aún más el público.
Tras los acontecimientos del pasado viernes 27 de octubre y la manifestación del domingo 29 en Barcelona, convocada por Sociedad Civil Catalana, mi razón, que no así mi corazón, se encuentra, tal vez como la sociedad catalana, dividida entre la tragedia y la esperanza.
Cumplidos diez años del estallido de la crisis no parece que en Europa se hayan despejado todos los problemas y peligros que han acechado nuestras economías; la verdad es que tampoco del todo en Estados Unidos, a pesar de que allí dieron por concluida, formal y oficialmente, la recesión a finales de 2009. Pero aquí mantuvimos problemas graves, manifestados en la deuda soberana y el euro, de 2011 a 2013.