Con la de cosas pendientes por hacer; la cantidad de reformas liberalizadoras y de apertura que precisa nuestra economía, y anduvo el ministro de Hacienda enredado en una quita -reestructuración le dicen- de la deuda de las comunidades autónomas. Estamos ante un trile político, aunque el ministro quiera desmarcarse ahora de él, que los contribuyentes, obligados, terminaremos pagando, solo que, con tal propuesta, de forma más injusta. Porque no sólo es que las quitas o reestructuraciones de deuda producen o fomentan incentivos perversos -moral hazard o riesgo inducido, lo llamamos- que animan a los gobernantes tanto al gasto excesivo en cuantía como a un gasto ineficiente y derrochador por demás, sino que los exime de responsabilidades y reparte gastos y costes entre quienes ni siquiera pueden decidir sobre esos Gobiernos.
No se engañen: la deuda siempre se termina pagando. Es un error extendido considerar que una quita aliviará nuestras obligaciones, pues éstas terminan abonándose de diversas formas, directas o no, como por ejemplo, dificultades de encontrar financiación o tipos más elevados. Pero vamos por partes, pues esto no es una quita propiamente dicha -Bruselas, entre otras cosas, no lo permitiría-, aunque sí lo sería para las comunidades, o mejor para los gobernantes que han ejecutado una gestión o administración pésima, premiándolos sobre los que han gestionado con más cabeza para sus ciudadanos. Lo que propone el ministro de Hacienda es un reparto a escote de las malas políticas y decisiones, convertidas en deuda, de ciertos políticos que siempre tiran con pólvora de los demás; nunca propia. Pero hurtando a una inmensa parte de los pagadores la posibilidad de elección.
No me vale el argumento, sobre el que fundamentalmente se asientan las peticiones de las comunidades más gastadoras y endeudadas, de que su situación se debe a una infrafinanciación, por lo que tales reajustes o reestructuraciones vendrían a ser un asunto de justicia sustanciado en forma de anticipo del dinero que en realidad les correspondería.
Primero, porque el actual sistema de financiación fue votado y aceptado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera por todas las comunidades, con sus diferencias, perjuicios, favores, ayudas o desamparos impuestos por mayoría. De modo que, hasta que se cambie por otro, si es que aborda tales disfunciones, así se debe funcionar y los gobiernos autonómicos han de saber administrar con esas condiciones. A más y más, recuerdo que el actual sistema opera desde 2009, con Zapatero (PSOE) en el Gobierno, y que entonces hubo una voluntad, con acuerdo expreso entre diversos grupos políticos, de perjudicar a comunidades que tenían gobiernos del PP, incluso con reiteración, sobre todo Madrid y Valencia, a la par que se abastecía de dineros a otras, bien en forma de inversiones extraordinarias o pagando supuestos y extraños "déficit históricos", de muchos millones de euros.
Durante tiempo, Madrid se quejó de un trato injusto sobre el cálculo de las liquidaciones y entregas a cuenta (por un asunto de censo), queja que también mantuvo sin éxito alguno con el Gobierno del PP de Rajoy, desde 2012. Valencia también se quejó, pero sus reclamaciones de insuficiencia truenan más ahora, con un Gobierno de coalición entre el PSPV-PSOE y Compromís y un Gobierno de la Nación en minoría. Con todo, y bajo el mismo sistema de 2009, ni todas las autonomías mostraron el mismo nivel de derroche e ineficiencia en la administración de recursos, ni todas las perjudicadas presentaron los problemas de desajustes, impagos, déficit y endeudamiento de otras, a veces mejor financiadas o favorablemente tratadas o corregidas, por diferentes Gobiernos, incluidos los de la UE, con fondos de inversión, de compensación o ayudas diversas.
Lo anterior no invalida que el actual sistema de financiación autonómica, y diría que del Estado en su globalidad, está mal concebido, es ineficiente, gravoso, injusto (tratos muy asimétricos en contra del contribuyente), muy opaco y con incentivos distorsionadores. Además, la cantinela de que las comunidades se encargan de sanidad y educación no vale, pues no sólo gastan en eso y hemos visto cómo muchas han desatendido o empeorado resultados en esas parcelas en favor de otro tipo de políticas y gastos.
Tampoco vale, como se ha propuesto, la creación de un fondo único de financiación, pues además de la discrepancia respecto de su provisión estará luego la disputa por su reparto, igualmente. Los gastos y déficit de las AA.PP. son estructuralmente exagerados y poco eficientes. La deuda de todo el Estado, con FLA, pagos a proveedores por impagos que jamás debieran haberse producido si los administradores hubiesen sido decentes, líneas extraordinarias de créditos o fondos de emergencia, está desbocada. Y tal dislate lo pagamos los contribuyentes, nunca los políticos que se benefician de ello.
Entidades
