El Tribunal Supremo (TS) rechaza que las empresas pongan en marcha incentivos para los trabajadores con el objetivo de luchar contra el absentismo en los que se cuente como ausencia, y por tanto reduzca el cobro del plus, las faltas relacionadas con enfermedades y medidas de conciliación.
La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, ha recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) la decisión del Gobierno central de declarar la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, actual sede de la Presidencia de la región, como Lugar de Memoria Democrática.
El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, exige que los magistrados de la Corte de Garantías puedan ejercer sus funciones de control de la constitucionalidad de las leyes y tutela de los derechos fundamentales atendiendo únicamente a la Constitución.
El Defensor del Pueblo ha recibido un centenar de reclamaciones de los pensionistas que en su día realizaron aportaciones a las mutualidades laborales por la decisión de Hacienda de aplazar las devoluciones del IRPF hasta 2028.
Las empresas negocian in extremis los plantes LGTBi (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales) para evitar multas de 7.500 euros.
La Abogada General de la UE, Tamara Capeta, determina que las demandas interpuestas por inversores del Banco Popular antes de que fuera intervenido el 7 de junio de 2017 deben resolverse por los tribunales españoles y, si es pertinente, deberán ser compensados.
El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) facilita a los nuevos funcionarios la deducción en el IRPF de los gastos de movilidad geográfica.
El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite este martes las dos cuestiones inconstitucionalidad presentadas la pasada primavera por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) contra el pago fraccionado mínimo del Impuesto de Sociedades, ya que puede vulnerar el principio de capacidad económica.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado el informe sobre el Anteproyecto de Ley reguladora del derecho de rectificación que prepara el Gobierno para modificar la actual ley de rectificación de 1984. La norma, por primera vez, obligará a los influencers con más de 100.000 seguidores a rectificar bulos o noticias falsas.