
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado el informe sobre el Anteproyecto de Ley reguladora del derecho de rectificación que prepara el Gobierno para modificar la actual ley de rectificación de 1984. La norma, por primera vez, obligará a los influencers con más de 100.000 seguidores a rectificar bulos o noticias falsas.
Sin embargo, el máximo órgano judicial propone al Ejecutivo en su informe que habilite sanciones para los medios de comunicación y los influencers que se nieguen a rectificar una información, cuando el afectado de la misma lo ha solicitado.
"El informe valora de forma positiva la obligación de que los medios digitales y plataformas incorporen un mecanismo accesible y visible que permita al interesado la remisión directa e inmediata de la rectificación. Sin embargo, sugiere que, con el fin de lograr una mayor efectividad, el articulado incorpore un mínimo régimen sancionador, pudiendo atribuir la competencia sancionadora a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC)", señala el CGPJ en un comunicado emitido este martes.
Más tiempo para rectificar
Otra de las novedades de esta futura ley es que se amplía de siete a diez días el plazo que tienen los afectados por una información falsa o incorrecta para pedir la rectificación al influencers o al medio de comunicación. Sin embargo, el CGPJ considera escaso este tiempo y propone que se amplíe a tres meses, como en Francia, o el tiempo empiece a contar desde que la persona es conocedora de la información que le afecta en vez de desde la fecha de su publicación.
El Gobierno marca en el anteproyecto de ley que los influencers a los que les afectará esta obligación de rectificar bulos serán los que tengan más de 100.000 seguidores en una red social o plataforma digital o más de 200.000 seguidores de forma acumulada en varias. Sin embargo, el CGPJ cuestiona que se cuantifique la audiencia cuando el derecho de rectificación aplica a los medios indistintamente de la audiencia que tengan o de su tamaño. Por ello, aconseja que explique las causas de esta cuantificación.
Asimismo, también recomienda que los menores, especialmente a partir de los 16 años, también puedan disponer del derecho de rectificación cuando se publica una información falsa o incompleta sobre ellos.
Finalmente, el informe critica que el texto del anteproyecto limite que las rectificaciones incluyan juicios de valor u opiniones a los casos en que resulten imprescindibles para entender el contexto y no se puedan escindir de los hechos, ya que ni el Tribunal Supremo ni el Tribunal Constitucional imponen estos límites. "El CGPJ considera conveniente que el Anteproyecto adecúe la redacción empleada al canon establecido por la jurisprudencia", apunta.
Además, recomienda que el lenguaje de la futura ley sea más inclusivo.
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