Jefa de Normas y Tributos

Más de 750 tenedores de bonos contingentes convertibles (más conocidos como CoCos en la jerga financiera) de Credit Suisse se rearman a contrarreloj para preparar una estrategia defensiva conjunta con el objetivo de recuperar los casi 16.000 millones de euros en inversión perdidos de la noche a la mañana, tras decidir el pasado 19 de marzo la autoridad suiza del mercado financiero (Finma) llevar su valor a cero con el objetivo de fortalecer la liquidez del banco para proteger los depósitos de los clientes y de cara a la venta a UBS.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social se ha comprometido a transponer este año la directiva europea enfocada en lograr unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la UE. Aunque la aplicación llega tarde, debió hacerse antes del 1 de agosto de 2022, España desarrollará una ley para establecer los derechos mínimos aplicables a todos los trabajadores que tengan un contrato de trabajo o una relación laboral.

El Tribunal Supremo ha aplazado el fallo sobre si se pueden anular o no las tarjetas revolving por falta de transparencia en su comercialización, ante el desacuerdo entre los magistrados.

Los funcionarios se quedan sin teletrabajo. El Gobierno, que en la actualidad tramita la Ley de Función Pública, es tajante sobre la posibilidad de que los funcionarios puedan realizar trabajo en remoto y señala de manera literal en la nueva norma que "el teletrabajo no constituye un derecho de la empleada o empleado público".

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha aceptado las dos cuestiones prejudiciales planteadas, una en noviembre por un tribunal español, y la segunda en enero por otro portugués, que piden matizar la Directiva europea de insolvencias (transpuesta en España el pasado septiembre a través de la nueva Ley Concursal) ante la falta de claridad sobre si se puede o no condonar el crédito público a los deudores particulares.

Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y el Gobierno acercan posturas tras dos meses consecutivos de huelga. Los letrados han señalado en un comunicado este viernes que tras tres días de "intenso debate" con la Administración, ésta ha puesto encima de la mesa una propuesta que el comité de huelga se compromete a pasar a las asambleas de LAJ para su votación el próximo lunes 27 de marzo. Un día después volverán a reunirse con la Administración tras la decisión que tomen.

El gabinete jurídico de la Junta de Andalucía ha presentado este viernes ante el Tribunal Constitucional un recurso de súplica contra su decisión del pasado martes de denegar la petición de suspensión cautelar del Impuesto a las Grandes Fortunas. La Corte de Garantías admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Ejecutivo andaluz, pero rechazó su petición de parar el gravamen. La liquidación de este nuevo impuesto que grava la fortuna por encima de los 3 millones de euros (bonificando para los residentes los primeros 700.000 euros) se hará entre el 1 y el 31 de julio.

El bloque progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emplazado al próximo martes la nueva reunión para tomar una decisión sobre si dimiten en bloque. Cinco de los ocho vocales se han reunido este viernes para compartir opiniones al respecto, sin un acuerdo común, más allá de la urgente necesidad de renovar el órgano tras cuatro años en funciones.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ultima la nueva regulación en materia de criptomonedas, que verá la luz en las próximas semanas, y se enfocará en dos pilares: obligará a los contribuyentes a declarar las divisas digitales que tengan en el extranjero y exigirá a las compañías que dan servicio de custodia, inversión o intermediación a comunicar a la Agencia Tributaria los saldos y operaciones de sus clientes. Esta nueva regulación entrará en vigor en 2024 para responder sobre las operaciones realizadas durante el actual ejercicio 2023.

La Asamblea de Madrid ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el Impuesto a las Grandes Fortunas aprobado el pasado 28 de diciembre por el Gobierno central. El recurso se suma así al ya interpuesto por la propia Comunidad de Madrid a inicios de febrero y también al de la Junta de Andalucía, este último admitido a trámite por la Corte de Garantías.