Más de 750 tenedores de bonos contingentes convertibles (más conocidos como CoCos en la jerga financiera) de Credit Suisse se rearman a contrarreloj para preparar una estrategia defensiva conjunta con el objetivo de recuperar los casi 16.000 millones de euros en inversión perdidos de la noche a la mañana, tras decidir el pasado 19 de marzo la autoridad suiza del mercado financiero (Finma) llevar su valor a cero con el objetivo de fortalecer la liquidez del banco para proteger los depósitos de los clientes y de cara a la venta a UBS.
Esta orden de depreciación de los bonos AT1 (de capital adicional nivel 1, por sus siglas en inglés) supone la mayor pérdida de la historia que se ha dado en el mercado de bonos.
El primer paso de la estrategia judicial para defender su inversión pasa por actuar contra la Finma, y el que más urge, ya que los bonistas solo tienen un plazo de 30 días desde la orden de la autoridad financiera de amortizar la totalidad de los bonos para impugnarla ante los tribunales suizos. Por tanto, los recursos deberán llegar a los juzgados suizos antes del 19 de abril, incluido. Los argumentos para reclamar: violación de los derechos de la propiedad y ejercicio arbitrario de la discrecionalidad, según la información a la que ha tenido acceso este periódico.
Entre los grandes afectados destacan gestoras de activos como el estadounidense Pimco, que perdió más de 315 millones de euros; Invesco con una posición similar o BlackRock con 100 millones de euros.
Dentro del territorio suizo, los grandes bufetes expertos en la materia también barajan otras actuaciones. La primera de ellas sería una demanda directa contra Credit Suisse por la presunta falsedad de la información financiera que transmitía, pero también los expertos abren una segunda vía por no comunicar al mercado la situación que tenía. Según apuntan fuentes jurídicas, Credit Suisse sabía desde el día 15 de marzo (un día antes de la amortización de los bonos) que el Gobierno suizo le estaba presionando para aceptar un acuerdo de compra por parte de UBS.
De otro lado, el Parlamento suizo ha convocado para el 12 de abril una asamblea extraordinaria sobre la caída de Credit Suisse a la que los bufetes llaman a prestar atención por si se extrapolan nuevos argumentos que den lugar a acciones.
Otra vía de reclamaciones sería en virtud de los tratados bilaterales de inversión, alegando una expropiación, una violación de la protección de la inversión extranjera y también del trato justo y equitativo. No obstante, no todos los tenedores de bonos tienen opción para recurrir a esta vía, ya que Suiza no tiene acuerdos de Tratados Bilaterales de Inversión con todos los países. Entre las jurisdicciones con las que sí mantiene este tipo de acuerdos están Singapur, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Qatar.
Por tanto, solo podrían exigir el cumplimiento de estos tratados bilaterales de inversión aquellos inversores cuyos bonos estuvieran en manos de entidades constituidas en estas jurisdicciones.
Acudir a EEUU
Finalmente, la tercera vía que los bufetes están poniendo a los afectados encima de la mesa son las reclamaciones en EEUU, aunque los demandantes tendrán que demostrar un nexo suficiente con el país norteamericano. Los expertos jurídicos señalan que los demandantes suelen acudir a EEUU en busca de reparación, la posibilidad de presentar un recurso colectivo es una ventaja y, además, se evitan los problemas de jugar en el fuero interno de Suiza. De hecho, también apuntan a que se podría demandar a Suiza en EEUU por expropiación, aunque matizan que este tipo de acciones presentarían retos, ya que las actuaciones contra Suiza o contra la autoridad del mercado financiero del país helvético deberían encajar en una exención de la ley de inmunidades soberanas extranjeras. Los grandes bufetes especializados en estos asuntos anunciarán las actuaciones en los próximos días.
Cambio exprés de la norma
El Gobierno suizo anunció el pasado 19 de marzo un decreto de emergencia para poder llevar a cabo la fusión de Credit Suisse y UBS. Esta norma permitió la operación sin la necesidad de que los accionistas la aprobaran; permitió al Banco Central de Suiza inyectar 100.000 millones de euros de liquidez a la entidad para poder continuar con su actividad de cara a los clientes y dio cobertura legal a la decisión de la FINMA de amortizar los bonos AT1.