¿Ocultó Trabajo su guía sobre el coronavirus?

A la guía sobre el coronavirus del Ministerio de Trabajo se le puede atribuir el "dudoso" honor de ser capaz de unir a los empresarios y a los sindicatos. Ambos colectivos no han dudado en recriminar un documento para el que no se les ha consultado y que ha obligado a Moncloa y Sanidad a corregirlo para rebajar la alarma que provocaban medidas como la de "paralizar la actividad laboral" si hay riesgo de contagio. Pues bien, cuentan que la ministra Yolanda Díaz ocultó la guía al resto del Ejecutivo y a los agentes sociales siguiendo órdenes de Pablo iglesias. Por lo que se comenta al vicepresidente segundo del Gobierno le molestaron los duros reproches que recibió Irene Montero por el proyecto de Ley de Libertades Sexuales. Dicen que lo que peor le sentó a Iglesias fueron las declaraciones del titular de Justicia Juan Carlos Campo, y de la vicepresidente Carmen Calvo, sobre los errores de redacción que había en el documento. Por lo visto Iglesias no quería que ese escarnio público se repitiera con Díaz. De ahí que haya tratado de "vengarse" escondiendo la guía de Trabajo. El problema es que, según dicen en el entorno de Díaz, la ministra ha quedado tocada tras ser desautorizada por Moncloa. También cree que ha perdido la confianza que en ella tenían los sindicatos.

El cese más polémico del Ministerio de Hacienda

La decisión de revocar a Carmen Tejera, abogada del Estado del Ministerio de Hacienda desde 2003, está levantando una airada polémica. Primero porque su testimonio en el juicio del 1-O resultó fundamental para sustentar el delito de malversación vinculado al referéndum independentista, lo que aumentó la condena para los líderes del procés. De ahí que el cese haya sido visto como un “pago” del Gobierno a ERC, orientado a permitir la investidura de Pedro Sánchez. Por ello, se rumorea que las críticas al cese eran esperadas en Hacienda. En cambio lo que sí está sorprendiendo el gran volumen de muestras de apoyo que Tejera ha recibido. Hay quien señala, en el entorno de la ministra María Jesús Montero, que especialmente les ha llamado la atención la gran presencia de expolíticos, tanto del PP como del PSOE que han querido expresar su respaldo en esta circunstancia. “También sorprendió la nutrida presencia de miembros de la Guardia Civil y de la Policía en su despedida del Ministerio”, dicen en Hacienda.  

La patronal del metal, objetivo del 'procés'

Tras conquistar la Cámara de Comercio de Barcelona, el independentismo ha puesto el foco en las elecciones que hoy se celebran en la Unión Patronal Metalúrgica (UPM). Para ello, ha auspiciado una candidatura repleta de seguidores del procés, a los que también les une sus problemas con la Justicia. De hecho, el líder de la candidatura, el empresario Joaquim Boixareu, estuvo imputado en el caso Nóos. Un paso más allá fue Antoni Marsal, presidente de UPM entre 2006 y 2012, que fue condenado a más de siete años de cárcel por adueñarse de fondos de la patronal. Semejante currículo no impide que ambos son los hombres de confianza del independentismo en esta operación. Por lo que se cuenta en el entorno secesionista, la conquista de la patronal del metal es fundamental para sus intereses, ya que el presidente de UPM forma parte de la Junta Directiva de Foment del Treball, la gran asociación empresarial catalana, presidida por Josep Sánchez Llibre y objetivo real del independentismo. Por dicho motivo, cuentan que en el mundo empresarial catalán se está siguiendo con inusitado interés el proceso electoral en UPM, y que muchos muestran su apoyo al otro candidato en liza: el moderado Jaume Roura, presidente de la asociación que reúne a los concesionarios de Seat.      

¿Por qué investiga ahora Perú a Enagás?

La Fiscalía de Perú sorprende al incluir a Enagás en la investigación sobre la adjudicación del Gasoducto Sur Peruano (GSP), vinculado a la trama de sobornos de Odebrecht a la cúpula gubernamental del país (caso Lava Jato). Esta maniobra del Gobierno presidido por Martín Vizcarra levanta muchas sospechas. Y con toda la lógica del mundo, ya que se produce solo mes y medio después de que Enagás presentara una demanda en la Corte de Arbitraje del Banco Mundial (Ciadi) reclamando al país 411 millones por las inversiones realizadas en el gasoducto que se suspendió en 2017 por el escándalo de los sobornos de la constructora brasileña. Además, el inicio de la investigación se produce antes de que Perú presente su contestación en el Ciadi, algo que debe hacer antes de que termine el mes de mayo. Al igual que ocurrió con Naturgy en Colombia, que también sufrió una acción similar por la Fiscalía del país tras su reclamación por Electricaribe, todo apunta a que Perú no tiene base alguna para sospechar de Enagás. De hecho, Perú lleva años investigando las actuaciones de Odebrecht sin detectar participación alguna de Enagas. Más bien, parece que el objetivo es sembrar la duda sobre la gasista española para condicionar el fallo del Ciadi.