¿Quién apoya el DNI catalán de Puigdemont?

La pasada semana, el Consell per la República, la entidad impulsada desde Waterloo por Carles Puigdemont lanzó una especie de DNI catalán, que recibe el nombre oficial Identidad Digital Republicana. A pesar de no estar avalado por ningún organismo oficial, Puigdemont vende cada DNI a 12 euros con la promesa de que es una "vía para participar de manera directa en el proceso para lograr la independencia catalana". Pues bien, por muy rocambolesco que pueda sonar todo, la iniciativa ya cuenta con algunos apoyos de empresas. En concreto de 14. Una de ellas es Petrolis Independents, la compañía del diputado de Junts y expresidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, JoanCanadell. También están otras entidades independentistas, como la Plataforma per la Llengua, el Cercle Català de Negocis, y la teleco Parlem. Asimismo el DNI también está respaldado por medios independentistas, como Vilaweb, El Punt Avui o El Nacional. "Son los que siempre aparecen cuando Puigdemont tiene una ocurrencia", dicen en ámbitos políticos catalanes. El hecho de contar solo con el placet del mundo independentista, unido a que ningún organismo nacional e internacional lo toma toma en serio, augura un corto recorrido al DNI catalán. "Solo servirá para que Puigdemont consiga dinero con el que mantener su tren de vida en Bélgica", dicen en la oposición.

Temor a otro caos jurídico tras el estado de alarma

El Gobierno de coalición ya ha avanzado que no contempla prorrogar el estado de alarma, que finaliza el próximo 9 de mayo. Este anuncio realizado por el presidente Pedro Sánchez ya ha levantado las críticas de algunas comunidades autónomas, como Andalucía. Pero el malestar no es solo palpable en los Ejecutivos regionales, sino que, dicen, que también alcanza al mundo judicial. La razón estriba en el temor que los magistrados presentan ante un próximo aluvión de procesos, ya que las autonomías necesitarán el aval judicial para, por ejemplo, limitar la movilidad. A pesar de ello, en el Ministerio de Sanidad aseguran que “no habrá ningún problema tras el fin del estado de alarma el 9 de mayo”, porque las autonomías cuentan con la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para seguir controlando la situación. A pesar del convencimiento que desprende el departamento liderado por Carolina Darias, en el mundo jurídico dicen que esa ley (que data de 1986) necesitaba una reforma que tendría que haberse acometido en los últimos meses. “Al no haberse hecho nada en este tiempo, volverán a verse las sentencias contradictorias del pasado verano”, aseguran en el sector judicial.

La lucha de ERC y Junts por la Consejería de SaludCerca de dos meses después de que se celebraran las elecciones en Cataluña, aún es imposible saber si los partidos independentistas serán capaces de ponerse de acuerdo para formar el próximo Govern. El enfrentamiento actual que mantienen ERC y Junts per Catalunya pudo comprobarse en las dos sesiones de investidura de Pere Aragonès, que fueron frustradas por la formación de Carles Puigdemont. Se rumorea que la Consejería de Salut, que ahora lidera Alba Vergès, es una de las causas que impiden el pacto de los indepes. Por lo que se comenta, ambas formaciones ambicionan dirigir este departamento de la Generalitat. “Ninguna quiere ceder en este sentido”, aseguran fuentes independentistas. Pero, ¿por qué ERC y Junts quieren Salut? Según se rumorea, lo que en realidad ambicionan ambos partidos es el control del Institut Català de Salut. Primero porque el director de esta entidad pública tiene un sueldo similar al de la propia Vergès, lo que convierte el puesto en ideal para “pagar favores”. Con todo, lo más importante es que este organismo presenta una gran libertad para gestionar uno de los presupuestos más altos que manejan los organismos adscritos a la Generalitat. “El Institut es el que decide todos los aspectos sobre las compras de material sanitario para los hospitales y los centros de salud de Cataluña”, añaden desde la Generalitat.

Las costosas traducciones que Ada Colau encarga

La nula transparencia que el Ayuntamiento de Barcelona muestra con sus contratos públicos es motivo habitual de polémica. Entre ellos destacan los que el consistorio liderado por Ada Colau ha firmado con la compañía de traducciones llamada Linguaserve. Así ocurre, en primer lugar, por su elevada cantidad, 38 contratos en los primeros tres meses de este año. En segundo lugar, por el curioso hecho de que en un solo día, el pasado 18 de diciembre, dicha compañía logrará adjudicaciones con diferentes departamentos del consistorio barcelonés por un valor superior a los 644.000 euros. Y tercero, porque todos estos contratos se amparan en un “acuerdo marco” que permite al Ayuntamiento utilizar los servicios de traducción en cualquier momento y sin necesidad de que las licitaciones aparezcan en el portal de transparencia de las instituciones catalanas. “Estos servicios se han convertido en un saco sin fondo”, dicen desde un ayuntamiento, donde ya muchos ironizan sobre el “gran interés” que la alcaldesa Colau muestra por los textos extranjeros.